El próximo 5 de noviembre a las nueve de la mañana, en el Centro de Justicia, comenzará el último hito de una de las aristas del caso denominado fraude en Carabineros. Ese día es la primera audiencia de preparación del juicio oral de la investigación que comenzó el 2017 y que tiene una a serie de altos oficiales de la policía uniformada como acusados, entre los que se encuentra el otrora general director Bruno Villalobos.

El general (R), quien encabezó la institución entre 2015 y 2018, está formalizado y acusado en la investigación que dirige la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la que recientemente recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la autorización judicial que permitiría a Villalobos salir del país para vacacionar en Costa Rica.

El exalto oficial actualmente se encuentra con la medida cautelar de arraigo nacional, tras ser formalizado en 2022 por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

En octubre de 2023 el ente persecutor presentó la acusación en contra del general (R), a quien lo acusa de haber “sustraído o permitido” la sustracción de más de $585 millones de la institución que encabezaba, en la arista gastos reservados del fraude en Carabineros.

El visto bueno del tribunal

El 20 de agosto pasado la defensa de Villalobos ingresó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía para solicitar un cambio, temporal, de la medida cautelar de su cliente. Según el escrito de la abogada Bessy Plá, se pidió fijar audiencia para discutir la autorización para salir del país de su cliente, por un mes, desde el 10 de septiembre al 10 de octubre, “por razón de vacaciones”.

Tras ese requerimiento, el tribunal fijó una audiencia que se desarrolló la semana pasada, precisamente el 9 de septiembre. En esa instancia, dirigida por el juez Cristián Azocar, Plá detalló que las vacaciones del general (R) en el país centroamericano serán desde el 13 al 28 de octubre.

Si bien tanto la Fiscalía como el querellante Consejo de Defensa del Estado (CDE) se opusieron a la solicitud de Villalobos, el tribunal accedió al requerimiento y autorizó levantar las medidas cautelares por ese periodo.

Para garantizar que Villalobos regresara al país, y ante los argumentos de los persecutores y querellante, el juez Azocar fijó una caución de retorno, o fianza de retorno, de $15.000.000, la cual se cobra a cargo del imputado en caso de que no cumpla con la medida impuesta por el tribunal.

“Las vacaciones no constituyen una necesidad esencial”

Se trata de la segunda autorización del tribunal de primera instancia en favor de Villalobos, ya que en enero pasado la misma instancia también autorizó, preliminarmente, al general (R) a viajar a Costa Rica de vacaciones en un viaje familiar. Sin embargo, esa decisión fue revertida por la Corte de Santiago, dejando sin efecto la medida.

Ese mismo camino siguió, nuevamente, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda, quien tras la resolución presentó una apelación ante el tribunal de alzada capitalino. Un requerimiento que también ingresó el CDE.

En su escrito de cinco páginas, Cerda detalla los 14 delitos por los que está acusado el general (R) y por los cuales, dice, el tribunal debió priorizar la protección de los fines procesales, considerando que el imputado arriesga pena de cárcel.

El tribunal apunta a que la cautelar impuesta a Villalobos fue fijada porque se cumplían los requisitos para aquello. Respecto a eso, la fiscal afirma que “el motivo presentado para solicitar la suspensión de la medida cautelar de arraigo, basado en razones de vacacionales, carece de fundamento jurídico suficiente y resulta incompatible con los fines preventivos de la medida, sin generar el fundamento debido para suspenderla”.

“Las vacaciones, por su naturaleza recreativa, no constituyen una necesidad esencial ni un cambio relevante en las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar. Permitir que un motivo como este sea considerado suficiente para suspender una medida restrictiva de libertad desnaturalizaría su propósito y sentaría un precedente altamente negativo”, agrega en su apelación la fiscal Cerda.

En esa línea, también reitera que el “levantar o suspender la medida frente a una solicitud basada en actividades recreativas o festivas va en contra del objetivo de garantizar la comparecencia del imputado y preservar la integridad del proceso. Este tipo de solicitudes no puede ser razonablemente entendido como una causa legítima para modificar la cautelar en comento”.

Por lo mismo la Fiscalía pide que el tribunal de segunda instancia revierta la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía e impida que Villalobos viaje a Costa Rica: “Solo puede dejarse sin efecto o modificarse en la medida en que existan fundamentos suficientes para ello (excepcionalidad); lo que de modo evidente a juicio de este interviniente no se verifica cuando la razón expuesta es gozar de unas vacaciones”.