Balance PDI: estafas piramidales sumaron 10.527 víctimas y monto llegó a $ 186 mil millones

El 1 de marzo de 2016 marcó un antes y un después en el trabajo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Ese día se registró una masiva concurrencia de afectados de la empresa AC Inversions, quienes alertados por el rumor de que la firma podría ser una estafa piramidal fueron a exponer sus casos ante los detectives.

Esta causa dio inicio a lo que marcaría el año dentro del área de delitos económicos en la policía civil: la investigación de un total de 12 empresas que, según los antecedentes que se han recopilado en cada caso, se trataría de empresas que operan bajo el Esquema Ponzi. Este modus operandi consiste en que las ganancias de los primeros inversionistas se obtienen del dinero que depositan los nuevos clientes.

Según los antecedentes que hasta fin de 2016 ha recopilado la PDI, un total de 10.527 personas habrían sido afectadas por estas empresas y el monto defraudado bordea los $ 186.840 millones.

Esto es parte del balance de 2016 que realizó el prefecto Hugo Pérez, jefe nacional de Delitos Económicos de la PDI, quien indicó que "fue un año intenso para el área económica, en las investigaciones de alta complejidad. Tenemos casos emblemáticos, en que una de las pautas la marcó la masiva cantidad de afectado que llegó a principios de año acá, por el tema de AC Inversions. Indudablemente, las estafas piramidales fueron una pauta importante dentro de las investigaciones que llevó el área, junto a los fiscales".

Respecto del perfil de quienes están tras estos presuntos engaños, Pérez señaló que "eran personas con mucho convencimiento, que ofrecían atractivas ganancias con el fin de captar inversionistas. Según el segmento en que se desempeñaban, era la cantidad de dinero que se defraudó. Hubo montos bastante variables en cada una de las investigaciones que se realizaron".

Además de AC Inversions, hubo otros dos casos que ganaron notoriedad pública. Uno fue el protagonizado por el ingeniero comercial Rafael Garay, quien con su empresa Think & Co se habría apropiado de cerca de $ 1.800 millones de 38 víctimas. Otro fue el de Alberto Chang, de quien se indagaba un supuesto fraude por US$ 100 millones. Ambos se encuentran detenidos en Europa, a la espera del proceso de extradición.

En tanto, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, David Rozowski, sostuvo que "la verdad es que siempre se ha dado este tipo de ilícitos de estafas piramidales, como por ejemplo, lo que pasó hace algunos años con los quesos mágicos, pero ahora estos ilícitos se dispararon en cuanto al alto valor de lo defraudado y lo invertido por las víctimas".

Rozowski agregó que "este año que pasó se invirtió más, y también estos delincuentes montaron empresas más profesionales para engañar a la gente".

Otras causas

Las estadísticas de la PDI revelan que en los últimos tres años las causas por uso fraudulento de tarjetas bancarias han experimentado una sostenida alza. Mientras que en 2014 hubo 1.431 investigaciones y en 2015 fueron 2.705, hasta noviembre de 2016 las denuncias ya habían alcanzado 4.485.

Al respecto, el prefecto Hugo Pérez indicó que "el factor común, en muchos casos, es que son extranjeros, pero éstos no son residentes. Vienen al país, se coluden con personas que tienen conocimientos y tuvieron acceso al sistema de seguridad bancario e infiltran las distintas entidades. Instalan los dispositivos en los lugares que ellos estiman tienen las mayores vulnerabilidades".

En esta misma línea, el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que este tipo de ilícitos "más bien afectan a un sector de la sociedad y a los emisores de tarjetas, los bancos y las compañías de seguro". Agregó que "el problema de las tarjetas tiene que ver con una falla en el sistema de seguridad de quienes emiten y administran las tarjetas".

El uso de las nuevas tecnologías de comunicación también ha repercutido en el balance de los detectives. Esto, porque las investigaciones por delitos contra la privacidad de la vida y las conversaciones de las personas han subido de 43 en 2014 a 96 en 2016 (período enero noviembre). Generalmente, este tipo de vulneración se hace a través de teléfonos celulares.