Tras las últimas disposiciones del gobierno que pretende crear nuevas instancias relacionadas con las culturas indígenas del país, el Consejo de Todas las Tierras, a través de su vocero, Aucán Huilcamán junto a José Santos Millao, presidente de la organización Ad Mapu, presentaron un recurso de protección en contra de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro José Antonio Viera-Gallo, en la Corte de Apelaciones de Santiago.

La acción tiene por objeto cautelar el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que dice en su inciso primero, que "al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

En tanto, en el inciso dos, se indica que "las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas" y el principio de igualdad ante la ley.

De acuerdo a los demandantes, estas disposiciones no han sido cumplidas por parte del Estado, luego que la Mandataria firmara la semana pasada el proyecto que crea un Ministerio de Asuntos Indígenas y el que establece un Consejo de Pueblos Indígenas, dos proyectos de ley que de acuerdo al Ejecutivo, "buscan dar una nueva institucionalidad a la política de los pueblos originarios".