La Presidenta Bachelet propuso, para su segundo gobierno, avanzar a una "sociedad de derechos". El nuevo enfoque trajo una reforma tributaria que detuvo la inversión, hizo lento el crecimiento y deterioró la calidad de los empleos. Las reformas en educación llevaron a anticipar una oferta educacional concentrada en el estado, menos diversa, menos competitiva y falta de calidad. En lo laboral, se buscó fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos, prohibiendo reemplazo interno y externo de trabajadores, generando así condiciones altamente limitantes para la actividad privada.

La consecuencia es que hoy se proyecta un país que crecerá poco, y con un deterioro fiscal que limita el futuro de las políticas sociales. El apoyo al gobierno está disminuido, y el país se divide frente a una disyuntiva: volver a la matriz de una economía social de mercado, con énfasis en políticas sociales inclusivas, y donde participa el sector privado en la provisión de servicios; o profundizar el nuevo enfoque de derechos, acentuando el igualitarismo y el rol del Estado.

En este escenario la Presidenta de la República ha venido a clarificar con rotundidad su propia posición. Desafiando la noción de que la gestión del gobierno ha tenido fallas, indicó que "hemos hecho mucho más (que en el gobierno de Piñera) en cada una de las áreas". Asimismo, explicitando su ánimo refundacional, explicó que la resistencia a su política educacional derivaría de que "ese cambio era un poquito contracultural. Ha costado que cambie esa cultura que yo ligo a los modelos neoliberales…" "Y quisiera que el gobierno que venga sea un gobierno que pueda expandir aún más derechos."

No es evidente, tras estas declaraciones de la Presidenta, que la mejor "continuidad" a su propuesta venga dada por las candidaturas de Guillier y Goic, oficialmente, las representantes exclusivas de la coalición gobernante. El irreductible ánimo refundacional de la Presidenta, y su disposición a asumir propuestas contraculturales, a ojos de muchos observadores, sintonizan mejor con la radicalidad del Frente Amplio.

También puede anticiparse que la percepción de la Presidenta en cuanto a haber hecho un gobierno superior al de Piñera -contra parte significativa de la opinión pública- puede resultar limitante para la candidatura de Guillier, la más prometedora en el oficialismo. La visión expresada por la Mandataria en cuanto a los logros en su gestión, ciertamente quita credibilidad a una candidatura oficialista que se declara al mismo tiempo "continuadora" del Gobierno de Bachelet -buscando contener al Frente Amplio- y comprometida con "mejoramientos" a las políticas actuales, en un ánimo de reconocer las razones que motivan la pérdida de apoyo del gobierno.

En definitiva, las declaraciones de la Presidenta son desafiantes, y un estímulo para que las opciones en competencia en esta campaña presidencial se definan con claridad, entre el apoyo al modelo de país impulsado por Bachelet en su segundo gobierno, o la restauración de un énfasis en la economía privada, el crecimiento y políticas respetuosas de la posibilidad de elegir en materias sociales.