"El presente protocolo tiene por objeto construir un acuerdo con los rectores del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), con el propósito de impulsar la tramitación de la reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados". Así parte la minuta que el Ministerio de Educación (Mineduc) elaboró para las autoridades de los planteles tradicionales, que se denomina "Protocolo rediseño a la reforma a la educación superior" y explica los 10 ejes centrales en que se concentrarán las modificaciones de la iniciativa.

El documento reconoce que "existen nudos críticos que son indispensables de abordar" y, en ese contexto, se refiere a uno de los puntos más polémicos en torno a la gratuidad: las exigencias.

"(Se) propone avanzar en la gratuidad en educación superior sin descuidar la calidad y trayectoria de las instituciones. Para ello es necesario aumentar los requisitos para acceder a la gratuidad universitaria, así como también determinar las condiciones para el ingreso de las instituciones del mundo técnico profesional".

Este año se pidió a las universidades cuatro años de acreditación y no tener controladores con fines de lucro en sus directorios. Para muchos esto no fue suficiente y en el Presupuesto 2017 aparecieron nuevas exigencias. Así, se pedirá a las universidades contar con un 80% de estudiantes que haya ingresado con 450 puntos ponderados entre PSU, ranking o notas; mientras que a planteles técnicos se les pedirá una admisión que privilegie a egresados del área y un sistema de admisión.

De igual modo, dentro de la Nueva Mayoría varios sectores no están conformes con las exigencias que establece la reforma para acceder a la gratuidad, que son contar con acreditación, estar dentro del sistema único de acceso que se plantea y no tener lucro.

"Según lo que nos explicaron, los cambios irían más bien por el lado de establecer ciertos requisitos para las universidades que puedan acceder a gratuidad y que aseguren mayor calidad en la formación, que exista una carrera académica en las universidades. Eso concretamente significa que la institución tenga un cuerpo normativo que reglamente y que objetive las normas de entrada a los planteles y que cuente con mecanismos de seguimiento de sus académicos y de la trayectoria de sus alumnos", explicó el rector de la UC de Valparaíso y presidente del G-9, Claudio Elórtegui.

Pero desde los rectores también han afirmado que con esto no basta. "Pedimos que los recursos de gratuidad sean asignados de acuerdo a los conceptos básicos de probidad y transparencia, que no haya lucro efectivo en la instituciones, que se exijan normas de transparencia en la rendición de cuentas y que éstas se amplíen a la educación técnico profesional", señaló la máxima autoridad de la U. Federico Santa María, Darcy Fuenzalida.

Desde el Senado, Carlos Montes explicó que en una primera instancia las modificaciones que se pensaban estaban asociadas a puntajes de corte. "Hay instituciones del sistema que ven en la gratuidad una oportunidad para recibir recursos, similar a lo del Crédito con Aval del Estado, y que ni siquiera se preocupan de que sus alumnos reúnan condiciones para poder terminar las carreras, tampoco tienen políticas de retención", aseguró el legislador socialista.

Jaime Quintana (PPD), en tanto, señaló que "los cambios tienen que apuntar a verificar que los recursos vayan a instituciones sin lucro, pero para eso también tiene que cambiar cómo eso está regulado en el proyecto".

Dentro de los próximos días el Mineduc debe entregar una respuesta formal a los rectores y seguir avanzando en el acuerdo con el Parlamento.