Probablemente si tuviéramos que definir una imagen para la niñez durante el año que termina, sería la de una larga fila que no avanza.

Listas de espera en salud mental para más de 14 mil niños, 45 mil en el servicio de protección especializada, o 3 mil que esperan -de manera urgente- por una familia de acogida o una residencia, debido al grave riesgo que representa seguir viviendo en su entorno.

Durante este año 2025 se consolidó un deterioro que ya venía incubándose: la convivencia escolar dejó de ser “tema académico” y se convirtió en síntoma social. Desde enero a septiembre de este 2025 la Superintendencia de Educación recibió más de 11 mil denuncias por convivencia escolar (74,3% del total), con un incremento de 2.244 casos en relación al año pasado.

Lo decisivo no es solo la magnitud de las denuncias, sino el tipo de hechos que se vuelven recurrentes en el relato del año escolar —armas blancas, amenazas, agresiones graves— y como eso impacta la vida cotidiana: asistencia, salud mental, aprendizaje, confianza básica. La escuela, que debía ser el gran amortiguador, está absorbiendo la violencia que viene de afuera.

Por otra parte, en este recuento doloroso, están los niños muertos -aleatoriamente- por culpa del delito, los que cayeron por una bala loca en la calle, o en medio de una quitada de droga, o los que perdieron la vida víctimas de violencia intrafamiliar, o participando de actividades delictivas. Lo cierto es que, si bien durante el último semestre disminuyó la letalidad infantil, en cinco años la tasa de homicidios consumados supera un 105% de crecimiento y -en los últimos meses- los homicidios tentados y frustrados han aumentado un 58%.

Esta imagen de niños en la fila, que son excluidos del sistema escolar o niños que mueren, cae peligrosamente en la rutina que normaliza esta tragedia. Nuestro país se prometió “protección especializada”, pero expandió la demanda más rápido que su capacidad real de respuesta.

El balance es duro para nuestra niñez, Chile cierra este año aceptando cuatro realidades inadmisibles: listas de espera para la protección, crecimiento de la explotación sexual, homicidios de niños y escuelas convertidas en termómetros de violencia.

Ahora bien, sería injusto —y también poco riguroso— decir que en 2025 no ocurrió nada bueno en materia de niñez en Chile. El problema no es su inexistencia, sino su insuficiencia frente a la magnitud del daño.

En cuidados alternativos, aunque persisten falencias graves, hubo un reconocimiento explícito del valor del acogimiento familiar, especialmente para niños pequeños. Por eso, que el país empiece a asumir —aunque sea tarde— que crecer en familia es preferible a hacerlo en la institucionalización es un cambio cultural relevante, que no debe retroceder. De allí también es positiva la señal que se ha dado desde el programa de protección a la niñez del presidente electo, José Antonio Kast, que propone cumplir con lo que la ley exige; la desinstitucionalización de niños de 0 a 3 años, privilegiando la reunificación familiar y las familias de acogida. Esperamos que forme parte de las prioridades de los 90 días. El saliente gobierno ha manifestado su adherencia a la Carta global para avanzar decididamente hacia garantizar el derecho a vivir en familia, esperamos no solamente que se avance en esto como política de Estado, sino que se profundice en la convicción de que la mejor forma de proteger a los niños es a través de la familia.

Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo