Banco Central autónomo: una ganancia para el país

Se cumplen 30 años desde que el 20 de septiembre de 1989 el Tribunal Constitucional declarase constitucional (con dos votos en contra) el proyecto de Ley Orgánica Constitucional elaborado por la Junta de Gobierno, que establecía la autonomía del Banco Central de Chile para el manejo de la política monetaria y cambiaria. Se había objetado la constitucionalidad del proyecto por, supuestamente, cercenar atribuciones al Presidente de la República que, se declaraba, llevaría a constituir "un Estado dentro de otro Estado". Los reparos provenían de una oposición al régimen saliente que anticipaba su triunfo en la próxima elección presidencial, y que veía en la Ley Orgánica Constitucional una vía para limitar gravemente la acción de un futuro gobierno.

El objetivo declarado de la ley que consagraba la autonomía del Banco Central, sin embargo, era evitar el uso político de las herramientas monetaria y cambiaria, que se veía como la causa de un pasado inflacionario que había causado mucho daño a la economía del país. Efectivamente, la inflación anual había sido creciente, desde un 13% en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda hasta el 50% en el de Carlos Ibáñez del Campo. Cayó, pero solo hasta el 27% con Jorge Alessandri y Eduardo Frei, para luego acelerarse hasta el 500% en 1973, durante el gobierno de Salvador Allende. Desde ahí cae, durante el régimen militar, para mantenerse cercana al 20% anual en los últimos ocho años de dicho gobierno.

Treinta años después hay un amplio consenso político, y aún más completo entre los economistas, en favor de la autonomía del Banco Central, tal como lo muestra la edición especial que hoy presenta Pulso. Tres décadas de manejo autónomo han llevado a la conclusión de que es posible combinar representatividad política en el Consejo del Banco con capacidad técnica de los consejeros; que efectivamente en muchas circunstancias la autonomía ha permitido hacer prevalecer una visión de largo plazo frente a intereses políticos más inmediatos; y que, distanciándose de su historia -y de la situación en países del vecindario-, Chile ha logrado dominar la inflación en beneficio del crecimiento y el bienestar de la población. Diariamente se constata que la población espera tasas de inflación muy cercanas a las metas oficiales que, estando definidas para un plazo mediano, son también compatibles con dar debida consideración a factores como la situación inmediata del mercado laboral o el crecimiento de la economía.

El éxito de la autonomía del Banco Central ha llevado a valorar el beneficio de permitir a las diferentes instituciones una concentración en sus objetivos propios, aislándolas de presiones políticas. Comúnmente se propone la autonomía legal como solución ante gestiones de mala calidad por efecto de interferencias políticas. Ciertamente, antes de avanzar en esa línea, en algunos casos conveniente -como probó serlo en el caso del instituto emisor-, los diferentes actores políticos deberían extremar el esfuerzo de respetar por sí mismos los fines propios de las instituciones, actuar según los intereses de largo plazo del país y utilizar los conocimientos técnicos disponibles. Ese ha sido precisamente el rol que ha jugado el Banco Central, y es valorable que la clase política hasta ahora en general haya respetado ese papel, evitando desviarlo de su misión.