SEÑOR DIRECTOR:

Varios han sido los proyectos industriales que han querido instalarse en el Archipiélago Humboldt, pero ninguno lo ha logrado. Recordemos que fue el Presidente Piñera quien bajó las termoeléctricas del proyecto Barrancones, y el Comité de Ministros del segundo gobierno de Michelle Bachelet el que calificó de forma desfavorable por primera vez el proyecto Dominga.

Sin embargo, ninguno de los gobiernos que ha enfrentado estos conflictos socioambientales en la comuna de La Higuera ha sido capaz de resolverlos, a pesar de que éstos conllevan rupturas en el tejido social, sobrecargan las instituciones, y en particular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, generando incertidumbre en el pujante rubro de la pesca artesanal y el turismo de la zona.

La Corte Suprema tampoco ha resuelto el asunto de fondo sobre Dominga, proceso judicial que comenzó en 2017. En su última sentencia señaló que no se pronunciaría mientras no lo hiciera el Comité de Ministros, el que esta semana lo calificó de forma desfavorable, al identificar una serie de falencias en su evaluación.

Las comunidades locales, las organizaciones sociales y el mundo científico han hecho una férrea defensa de esta zona, al ser uno de los lugares más productivos en términos pesqueros, y único en el mundo para el turismo de avistamiento de cetáceos.

El Archipiélago Humboldt merece que el Estado le otorgue un resguardo definitivo mediante la creación de un área marina protegida de múltiples usos, que lo proteja de actividades industriales de alto impacto, proporcionando así la certeza y tranquilidad que la comunidad ansía.

Javiera Calisto

Directora jurídica de Oceana Chile