En la economía, como en la agricultura, el éxito de la cosecha no depende exclusivamente de la calidad de la semilla o del fertilizante que se aplica. Por más que se optimicen los insumos, si el terreno está bloqueado por una maleza administrativa que asfixia el crecimiento, la rentabilidad final será insuficiente. En el Chile de 2026, enfrentamos una dicotomía similar: mientras el debate público se concentra con justa razón en la arquitectura tributaria (el “fertilizante” de la inversión), no podemos retrasar la limpieza crítica de los suelos administrativos.

No obstante, la gestión interna es solo una parte de la ecuación. En una economía pequeña y abierta como la nuestra, el agricultor siempre mira al horizonte. Hoy estamos a la espera que los cielos del entorno internacional se despejen: El eventual cese de los conflictos geopolíticos que han presionado la energía debería corregir a la baja el precio del petróleo, al tiempo que el precio del cobre se mantiene en niveles históricamente altos. Esta mejora en los términos de intercambio, sumada a una normalización de las condiciones financieras globales y una reducción del apetito por riesgo, configura un escenario externo extraordinariamente favorable. Son factores fuera de nuestro control, pero que Chile debe estar preparado para capturar.

La inversión no responde a estímulos aislados, sino a un ecosistema. Un esquema tributario eficiente y una gestión administrativa ágil son las dos caras de una misma moneda; condiciones necesarias para que, bajo esos cielos despejados, el capital decida asentarse aquí. Solo a través de esta simbiosis es posible dinamizar un mercado laboral que hoy requiere mayor solidez. Una masa salarial que crezca de forma sostenible no es fruto de la voluntad administrativa ni de decretos, sino de la confianza de largo plazo que permite a las compañías crecer y demandar más trabajo bajo un marco de certezas institucionales.

En este contexto, es justo reconocer que se ha comenzado a preparar la tierra. La implementación de la Ley de Permisos Sectoriales (aprobada en la administración anterior) representaría un avance sustantivo al atacar la discrecionalidad técnica. Además, el Plan de Reconstrucción Nacional incluye cambios relevantes en materia de trámites ambientales, a los que se suman los anuncios del Ministerio del Medio Ambiente para optimizar los procesos de evaluación. Además, se encuentra en consulta la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), y su implementación podría incentivar el sector de la construcción. Estos avances y señales sugieren una conciencia real sobre la urgencia de reducir los tiempos muertos.

La limpieza drástica de la maleza burocrática es necesaria para alcanzar el anhelado bienestar económico. La inversión requiere una tierra fértil en lo impositivo, pero también la lucidez operativa para aprovechar el buen tiempo que se asoma en el exterior. Esperemos que la sensatez técnica prevalezca sobre la inercia de los procesos; de ello depende que Chile recupere su posición como el puerto de destino natural para el capital global en una región que no espera a los rezagados.

*El autor de la columna es economista jefe de LarrainVial Research.