En política la debilidad se huele y los vacíos de poder se llenan. Es lo que le está pasando al gobierno en materia de seguridad y control del orden público: señales erráticas, confusas, incapacidad de precisar los límites y de hacerlos cumplir. A balazos se le impide el libre tránsito a la ministra del Interior y no hay querellas. A los camioneros que se toman las rutas los amenazan una y otra vez con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, pero no se concreta. El Presidente de la República reconoce que hay zonas del territorio nacional que no puede visitar porque “no están dadas las condiciones”. Insólito.
Es la actitud del gobierno la que incentiva la actual escalada de movilizaciones. Su disposición a conversar con los actores es razonable, pero esa disposición al diálogo no puede implicar que se deje de perseguir delitos flagrantes como ocurrió en Temucuicui y ahora en las carreteras. La autoridad decide arbitrariamente qué ilegalidades está dispuesta a tolerar y cuáles no. Y las que dice no estar dispuesta a tolerar al final tampoco las persigue. El gobierno ofrece diálogo frente a la violación de la ley.
Es cierto que este cuadro de deterioro del Estado de Derecho viene de la administración anterior. Fue Sebastián Piñera quien no tuvo la capacidad de restablecerlo y se rindió frente a dicha imposibilidad. Pero hay una cuestión insoslayable: luego del estallido social el gobierno de Piñera quedó en los hechos semidestituido, subordinado a un parlamentarismo de facto y a una oposición que jamás tendió una mano al esfuerzo por recomponer el orden público. Al contrario, avivó o guardó silencio frente a su socavamiento con la intención clara de debilitar a la autoridad. Y fue muy efectiva en ello.
En contraste con esa circunstancia, el gobierno de Boric acaba de iniciar su mandato, tiene la legitimidad del triunfo electoral aún reciente y no ha sido semidestituido. No debiera, por tanto, tener ni la más mínima inhibición para hacer cumplir la ley. Salvo porque el perfume de su debilidad -esa que diversos sectores ya huelen- deja en evidencia su dificultad para asumir que no existen y nunca podrán existir razones legítimas para no respetar la ley vigente. De algún modo, lo que alimenta esta debilidad, junto a la impericia y los errores no forzados, es la idea de que detrás de muchas ilegalidades se ocultan también injusticias, y de que muchos de los que no respetan la ley son en el fondo “víctimas del sistema”.
Todo ello puede ser atendible a la hora del análisis sociológico, pero no cuando se tiene la obligación de gobernar, de preservar el orden público y garantizar la seguridad de las personas. Un gobierno no puede relativizar la gravedad de incumplir la ley y, menos, no perseguir a quienes la violan, sean camioneros, estudiantes o integrantes de una comunidad indígena. Y el actual gobierno tiene una seria dificultad que se lo impide: un perfume inconfundible que se siente en el aire.
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