Por estos días el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se ha convertido en un órgano institucional requerido por varios de los que compitieron en las pasadas elecciones, tanto presidencial como parlamentarias. Y es que el Servicio Electoral (Servel) -entidad a cargo de dichos comicios- ha ido dando a conocer las aprobaciones y rechazos de las cuentas de gasto electoral.

En el proceso, diversas han sido las observaciones respecto de las rendiciones con las que los candidatos piden el dinero que por ley les corresponde que le sea reembolsado. En el caso de las presidenciales, el Servel rechazó por ejemplo el gasto de un panel blindado del Presidente José Antonio Kast.

La Tercera ahora hizo el ejercicio de revisar algunas de las observaciones realizadas por el Servel a algunos candidatos, muchas de las cuales no lograron ser subsanadas, con lo que se les rechaza ese ítem particular de reembolso. Cabe destacar que las observaciones no son definitivas, pues muchas veces tras apelaciones el Servel las rectifica.

El Senado

Por ejemplo, al representante por Valparaíso, Diego Ibáñez (FA), se le cuestionaron $ 2.737.000 de pagados a Servicios de Producción Cristina Flores Arriaza E.I.R.L. “Se advirtió que el proveedor inició actividades durante el período de campaña electoral y que el giro comercial registrado no guarda concordancia con el servicio consignado en la factura electrónica”. Si bien el administrador aclaró que el servicio sí se realizó, a juicio del Servel “no permiten subsanar la inconsistencia detectada”.

En el caso de Karol Cariola (PC), se objetó un taladro alámbrico de 650W adquirido en Sodimac para la propaganda. El Servel determinó que no corresponde a gasto electoral. Mientras, al senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto (ind.) también se le objetaron gastos en esa tienda: dos engrapadoras por $34.445, una cocinilla Doite con gas y tenedores por $90.053, además de $11.084.309 en proveedores y asesores que “no se acreditó su fuente de financiamiento, correspondiendo mantenerla y derivar los antecedentes a la Unidad de Procedimientos Sancionatorios”.

Al senador por La Araucanía, Rodolfo Carter (ind.), se le cuestionó un arriendo por $150.000 que según su administrador electoral “el pago se realizó en efectivo”. El Servel objetó que en su respuesta la candidatura “acompañó respecto del primero el mismo contrato de arriendo previamente incorporado, y en el segundo, un nuevo contrato cuyo prestador no coincide con la persona individualizada en la observación”. Además tuvo varios gastos que si bien cumplían con los estándares requeridos, no se acompañó documentación en los plazos pertinentes.

Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) de La Araucanía tuvo gastos que no se incorporaron a la carpeta de contabilidad.

La Cámara

A Enrique Bassaletti (Rep.) se le observó un pago de $15.000.000 a un proveedor porque en el informe de actividades declaró creación de contenido para TikTok, “lo cual no guarda relación directa con propaganda electoral, difusión de ideas o posicionamiento del candidato (...) Además se señala en dicho informe que los servicios fueron prestados personalmente o bajo supervisión directa, por lo tanto, corresponderían a una tercerización sin que se hayan acompañado antecedentes que permitan acreditar dicha modalidad de contratación”. En ese sentido, el Servel objetó que “no se acredita la justificación de precio de mercado pagado por el servicio ejecutado como tampoco se aclara la trazabilidad de la inversión publicitaria”.

Caso emblemático en la Cámara Baja fue el diputado del PDG, Javier Olivares, a quien se le rechazó su cuenta. Este último declaró ingresos y gastos por $57.703.795, con observaciones que no fueron resueltas por su administrador electoral al ser requerido. El Servel concluyó que su balance fue rechazado “por no ajustarse a los documentos y comprobantes acompañados y por omisiones graves”.

Dentro de las observaciones, se mencionó que gastó $10.760.000 en el proveedor Feliu & Espinoza Abogados Limitada por análisis estratégico y jurídico, pero el Servel determinó que “la documentación presentada por la candidatura no permite acreditar de manera fehaciente el gasto declarado. Por una parte, no se logra demostrar con certeza que los servicios hayan sido efectivamente ejecutados por el proveedor”. Si bien se acompañaron pantallazos de WhatsApp, el Servel no logró identificar al proveedor. Otras facturas del mismo proveedor también fueron cuestionadas por lo mismo.

Al hijo del Presidente Kast, el diputado José Antonio Kast Adriasola (Rep.) se le observaron $4.710.000 por trabajo de voluntarios. “No se encontraba acompañado de la documentación necesaria que permitiera acreditar la existencia, razonabilidad y procedencia del monto declarado”. La respuesta de su administrador no convenció al Servel.

A su par republicano y excarabinero, Sebastián Zamora se le cuestionó por no acompañar un contrato por $1.190.000.

Al diputado Ignacio Achurra (FA) se le cuestionó el pago de $1.500.000 a un proveedor “respecto del cual la documentación de respaldo no es suficiente para sustentar los servicios prestados y/o bienes adquiridos. Asimismo, se constató que la fecha de inicio de su actividad económica es a contar del 22 de agosto de 2025″. Las explicaciones de su administrador -que no informó previamente de la contratación del proveedor- no convencieron al Servel.

A Zandra Parisi (PDG) -hermana del excandidato presidencial, Franco Parisi- le aprobaron con observaciones su rendición electoral, en la que declaró ingresos y egresos por igual monto: $ 24.702.586. Tras el proceso de revisión terminó solicitando $ 23.442.031 para rendir, de los cuales $ 30.000 fueron rebajados por mal registro. El resto fue autorizado. Entre otras cosas, el Servel detectó la existencia de gastos no declarados por $ 657.080. De ellos, $ 500.000 fueron reconocidos por la candidatura, aunque sin acreditar la fuente de financiamiento. Esto llevó a derivar los antecedentes a la Unidad de Procedimientos Sancionatorios, aunque las inconsistencias no revisten la gravedad suficiente para rechazar la cuenta general.

Al diputado Daniel Manouchehri (PS) se le objetaron $819.285 por publicidad en Meta (Facebook e Instagram), pero en el documento contable “el comprobante indica estado ‘error’ debido a falta de fondos en la tarjeta al momento del cobro, quedando pendiente de pago al cierre. No existió pago por terceros”. Si bien el Servel acreditó el gasto, “esto no satisface las exigencias previstas en el artículo 17 de la Ley N°19.884″.

Mientras, Javiera Rodríguez (Rep.) declaró ingresos y egresos por $ 35.175.339, los que sufrieron observaciones. Una de ella tiene relación con gastos no declarados y otra por aportes propios por $ 2.797.916, los que no fueron ingresados al Sistema de Recepción de Aportes del Servel. La justificación de Rodríguez fue no se usó la plataforma por una demora en la habilitación de su cuenta bancaria, sumado a que el crédito destinado a cubrir ese gasto fue depositado tarde, así como que algunos gastos de combustible y estacionamiento se pagaron directamente. La respuesta, según el Servel, fue insuficiente para subsanar lo observado, por lo que derivó los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral.

Otra observación es a un gasto por concepto de aportes en especies o servicios por $ 604.044, los que intentaron ser acreditados mediante un certificado de donación del administrador electoral del entonces candidato José Antonio Kast, válido por 40.000 volantes. Sin embargo, sus medios probatorios también fueron insuficientes y el gasto declarado no fue acreditado conforme lo exige la ley. Al final, a la ahora diputada se le aprobó un reembolso por $ 20.288.332.

Su correligionaria republicana Macarena Santelices, en tanto, declaró inicialmente ingresos y egresos por $ 59.483.586, con ciertas observaciones. Por ejemplo, a $ 2.856.000 por servicios de SMS -mensajería- masiva. Y aunque el gasto cumple con los criterios, no fue presentado con su informe de gastos respectivo y terminó siendo rechazado. La parlamentaria pidió reembolsos por $ 48.875.972 y el Servel le autorizó $ 45.565.355.

El exconvencional Jaime Bassa, electo por el FA en el distrito 7, declaró ingresos por $ 102.387.069 y gastos por $ 101.958.634. La única observación no corregida es una por $ 112.000 por concepto de servicios remunerados de brigadistas, cuidadores de menores o personas. Y aunque se intentó justificar con imágenes, conversaciones de WhatsApp y una imagen de cartola bancaria donde se ve una transferencia por $ 111.800, el Servel estimó que no resultaron suficientes para acreditar el pago. Tras el proceso, el servicio corrigió los ingresos de Bassa a $ 104.663.655 y sus egresos a $ 104.538.870. Finalmente, la solicitud de reembolso de gastos electorales fue por $ 87.444.590, de los cuales se autorizaron $ 62.212.897.

Irací Hassler, diputada electa del PC, declaró ingresos por $ 68.757.238 y gastos por $ 67.581.238, aunque el Servel lo corrigió a $ 62.347.238 y $ 61.171.238, respectivamente, identificando una diferencia de mayor aporte de $ 1.176.000. Al administrador electora se le pidió remitir la documentación de respaldo, aunque para el servicio la respuesta fue insuficiente, “ya que no remite los respaldos de devolución al último aportante solicitados, ni aclara la situación expuesta”. Los antecedentes, como en los otros casos, fueron derivados a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral. A la exalcaldesa de Santiago también se le detectaron $ 714.000 como posible gasto electoral no incluido en la declaración, observación que a pesar de las justificaciones se mantuvo. Finalmente, Hassler pidió $ 48.671.488 de reembolso, los que fueron autorizados.