Columna de Rodrigo Ropert: Reforma al SEIA: Superar las desconfianzas

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El gobierno anunció una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la que se presentaría al Congreso durante 2023. Si bien no existe claridad sobre las materias que formarían parte de la reforma, es posible adelantar algunos aspectos que debieran estar en la discusión.

El diseño actual cuenta con órganos colegiados para calificar los proyectos y conocer y resolver los reclamos respecto de la EIA; sin embargo, en la práctica se presta para cuestionamientos, en atención a los distintos intereses involucrados en el SEIA, lo que genera desconfianza en las instituciones ambientales e incertidumbre, como ha ocurrido en los casos de los proyectos Dominga y Egaña Comunidad Sustentable, de Inmobiliaria Fundamenta.

La evaluación ambiental de proyectos de inversión tiene dos etapas. Una primera, propiamente de evaluación, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de diversos servicios públicos, que termina con una recomendación del SEA en orden a aprobar o rechazar el proyecto. La segunda, a cargo de las comisiones de Evaluación Ambiental regionales (COEVA), consiste en la aprobación o rechazo del proyecto, sobre la base de la evaluación ambiental previa. Además, puede existir una etapa recursiva, donde el titular o las partes interesadas pueden reclamar de la decisión tomada por la COEVA, primero en sede administrativa y luego, ante los tribunales ambientales.

En la primera etapa, eminentemente técnica, el SEA y los servicios públicos competentes formulan observaciones a la Declaración o al Estudio de Impacto Ambiental (DIA y EIA). En la segunda, las COEVA –integradas por el/la delegado/a presidencial y los seremi de los diversos servicios– deben calificar los proyectos y decidir si pueden o no llevarse a cabo. La composición de este órgano ha llevado a desconfiar del proceso de toma de decisiones, que estaría sujeto a presiones políticas o influencias indebidas de los distintos grupos de interés. Así, cabe preguntarse cuál es el real aporte de las COEVA, que en ocasiones toman decisiones débilmente fundamentadas o en contra de la propia recomendación del SEA.

En cuanto a la etapa recursiva administrativa, la misma crítica anterior se puede realizar respecto del Comité de Ministros, que revisa los reclamos relacionados con la calificación de los EIA.

De esta manera, una de las reformas que debería estudiarse seriamente es la eliminación de las COEVA y del Comité de Ministros. En el primer caso, la función de calificar los proyectos debería recaer en la dirección regional del SEA, vinculando más directamente la evaluación técnica con la decisión de aprobar o rechazar un proyecto. En el segundo, la dirección ejecutiva del SEA sería la responsable de resolver tanto los reclamos en contra de las calificaciones de las DIA como las de los EIA. Estos cambios en el diseño institucional ayudarían a aumentar la independencia en la toma de decisiones y así reducir las desconfianzas que hoy genera el SEIA.

Por Rodrigo Ropert, senior counsel de Aninat Abogados

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