Esta semana se realiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en Nueva York, donde se analizará el acceso al agua potable, saneamiento e higiene; la valoración del agua y su nexo con la alimentación, energía y desarrollo urbano; el agua para el clima, la resiliencia y la biodiversidad; la cooperación y gobernanza internacional del agua; y un plan de acción para la década para acelerar la implementación del derecho humano al agua y saneamiento (ODS Nº6).
El estrés e inseguridad hídrica están vinculados a la crisis climática. Naciones Unidas ha reiterado que limitar el calentamiento global a 1,5º (evitando llegar a 2ºC) podría reducir la exposición de la población a la intensificación del estrés hídrico inducido por el cambio climático.
El desafío es enorme, ya que la cuarta parte de la población mundial no tiene acceso a agua potable segura; solo 60% de la población rural tiene acceso a agua potable; un quinto de los ríos del mundo sufre reducción drástica de caudales o causan inundaciones; el 85% de los humedales (que albergan el 40% de plantas y animales) se han perdido; y en términos de gobernanza, solo 32 países (153 comparten acuíferos, lagos y ríos transfronterizos) tienen acuerdos de cooperación.
El Plan de Acción que se negocia en la cumbre incluye duplicar la tasa de implementación de la gestión integrada de recursos hídricos; aumentar y acelerar las inversiones en agua potable y saneamiento, incrementar la eficiencia en el uso del agua, particularmente en la agricultura que consume el 72% del agua a nivel mundial y tiene el peor desempeño; reducir los impactos de las aguas servidas que afectan gravemente la calidad de las aguas y ampliar la cooperación entre países.
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Chile sufre hace más de 20 años condiciones meteorológicas que afectan la seguridad hídrica de las ciudades, el sector productivo, la subsistencia de comunidades rurales y la supervivencia de especies y ecosistemas, y no tiene una política concreta para enfrentarla. Falta regulación y coordinación del sector público.
La Ley de Protección de Humedales, en la reforma al Código de Aguas y la Ley de Cambio Climático tienen instrumentos para actuar, pero el retraso en los reglamentos y la inercia en la gestión del agua dificultan su implementación. De no priorizar la seguridad hídrica, la protección de fuentes de agua y la gestión integrada del agua, se avizora un futuro negro.
Por lo tanto, la agenda de la cumbre y las manifestaciones de este 22 de marzo, deben ser motivo suficiente para que el gobierno implemente un plan de acción urgente, prioritario y focalizado en agua potable y saneamiento, en planes estratégicos para la gestión integrada y participativa de cuencas, en eficiencia del uso de agua en ciudades y sector productivo, reutilización de aguas grises, protección de glaciares y restauración de cuencas degradadas.
Por Sara Larraín, directora de Fundación Chile Sustentable
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