Columna de Soledad Alvear: Mujeres y cárceles en Chile
La coyuntura ha vuelto a visibilizar un debate pendiente en el sistema carcelario chileno: la situación de las mujeres privadas de libertad.
Datos públicos exhiben una cruda realidad: Chile es el segundo país de América Latina con la mayor tasa de población penal femenina y con una cifra récord de incremento en el sistema cerrado que se ha duplicado desde el 2020. Los números también tienen un complejo correlato en las mujeres que se encuentran en prisión preventiva ya que la estadística también arroja un dato abrumador para hombres y mujeres: el hecho de haberse duplicado esta medida en la última década, lo que significa que más de veinte mil personas esperan condena en un hacinamiento que hace del país el con mayor sobrepoblación en la región.
Cuando fui ministra de Justicia e impulsamos la reforma procesal penal, uno de los argumentos principales de crítica del sistema inquisitivo era la lentitud de condenas y la baja tasa de presos condenados. La reforma, en sus inicios, vino a invertir la radiografía carcelaria aumentando significativamente el número de condenas. Sin embargo, es muy complejo “ganarle la carrera” a la sobrepoblación y este dato se hace más critico cuando se trata de mujeres.
Las causas de esta realidad son múltiples: el tipo de delitos, la reincidencia en ellos por mujeres y su realidad familiar lo que se suma a otros factores universales como el aumento migratorio que también ha expuesto en mayor medida a mujeres infractoras de ley.
De ahí que el debate debiera no sólo llegar a la segregación, por compromiso delictual y que ha estado estos días en discusión, y que por cierto es urgente y necesario asumir, sino también a la situación penitenciaria global que existe en Chile para las mujeres. En esto el ministro de Justicia Luis Cordero ha explicitado una posición honesta y elocuente al afirmar que la vinculación entre mujer, delito y cárcel está muy indexada al tipo de delito que genera ingresos a su familia, lo que además promueve la reincidencia y estimula un espiral difícil de quebrar.
Clave entonces es enfrentar el dilema penitenciario también con una perspectiva de género a partir de un abordaje que permita introducir este elemento desde las etapas tempranas del sistema penal, como es el control de detención y el sistema de cautelares, y no “postergar” toda la responsabilidad al espacio carcelario que debe ser la respuesta final. Esto es muy significativo por ejemplo en ciertos delitos de alta connotación femenina como es el tráfico y microtráfico de droga (más del 50% de las mujeres condenadas y del 60% de las imputadas) donde se hace necesario tener una mirada profunda que permita abordar la presencia de la mujer en estos ilícitos sin rigidizar la respuesta judicial y abriendo un debate más especifico en torno al rol de las cautelares.
Por cierto que lo anterior no es óbice para asumir que nuestras cárceles están especialmente en deuda con las mujeres. Un debate impostergable para atender sus necesidades tomando en cuenta su condición social e histórica, su experiencia en prisión y las motivaciones subyacentes de su criminalidad.
Por Soledad Alvear, abogada
