La clave para entender el despliegue militar estadounidense en el Caribe está en mirar la lógica de las relaciones exteriores de la administración Trump. Toda iniciativa exterior está al servicio de la política doméstica -por no decir palaciega- y, tal como reza su blasón, para el engrandecimiento de América. Esto se traduce en justificar cada pieza de ese proyecto en términos de seguridad nacional con pilares relevantes para el caso de Venezuela: inmigración y narcotráfico. La defensa de la democracia y del liberalismo no figuran en esa agenda, y como han dicho voceros, “no estamos en el negocio de cambiar regímenes”.

Pero el poderoso Secretario de Estado, Marco Rubio, tiene promesas sin cumplir a su base electoral republicana y latina: contribuir al cese de los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Tal como sucedió en 2019, políticos de la oposición emigrada y exilada acuden de nuevo a la administración Trump y a Rubio para que reedite la política de “máxima presión” que lograría la ruptura entre el sector militar y la cúpula gobernante. Esta política fracasó en 2019; hoy quizás sea aún más ineficaz porque, al no publicar los resultados de la elección presidencial del año pasado, el gobierno de Maduro mostró que contaba con el apoyo militar necesario para mantenerse en el poder sin sustento popular.

Esta “máxima presión” viene reformulada en el lenguaje de la seguridad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico, por lo que se configura a Maduro como jefe ya sea del Tren de Aragua o del Cartel de los Soles, aunque según el reciente informe de la DEA, el primero se ocupa de tráfico de personas en pequeña escala y el segundo no es mencionado. El despliegue militar está sobre todo dirigido a exhibir fuerza y supremacía, mientras por otra parte se sigue cumpliendo el acuerdo entre ambos gobiernos para la deportación de venezolanos en vuelos semanales, y la preservación de la licencia petrolera a Chevron. Para Trump, se trata de “mantener a raya” a Maduro, y preservar posibles ventajas petroleras y geopolíticas.

La amenaza no es subestimada por Maduro, que trata de usarla para mantener la cohesión interna en medio de un repunte inflacionario que ocupa la agobiante cotidianidad de los venezolanos. En los últimos días liberó a 13 presos políticos, mientras las fuerzas armadas anuncian el despliegue de 15 mil hombres para una operación conjunta con Colombia contra los grupos disidentes de la FARC que controlan el narcotráfico en la frontera. A pesar de los clásicos discursos anti-imperialistas, se están enviando señales para que la situación no escale.

Por Colette Capriles, Universidad Simón Bolívar/Academia de Ciencias Políticas y Sociales.