¿Se imagina, estimado lector, que en nuestra sociedad las personas pudieran elegir qué leyes quieren cumplir y cuáles no, igual como se elige lo que se quiere comer en un restaurante? La sola idea es tan absurda que cuesta tomarla en serio. Buena parte de lo que llamamos civilización ha consistido en avanzar hacia una forma de organización en que ello es inaceptable y que denominamos el gobierno de la ley. La idea que solo puede haber seguridad y justicia si todos estamos sometidos a un conjunto de normas generales y abstractas, cuyo incumplimiento acarrea sanciones, sin importar la naturaleza o condición del infractor.

No siempre ha sido así. La verdad, es que en la historia de la humanidad este es un progreso bastante reciente y, aun en la actualidad, una parte muy importante de los seres humanos -me atrevo a decir que probablemente la mayoría- no goza de tal privilegio. Por de pronto, no es así en los regímenes gobernados por dictadores en nuestro propio subcontinente latinoamericano. Ni los opositores a Maduro, ni al gobierno castrista de Cuba, viven bajo un sistema de leyes general y uniforme aplicado por jueces independientes. Son países en que, con razón, a sus gobernantes se les llama jerarcas.

Mirado en esa perspectiva y considerando, por ejemplo, que la candidata presidencial del oficialismo milita desde su adolescencia en un partido que admira esos gobiernos y anhela un sistema como el que se aplica allí, la pregunta empieza a tomar un tinte de seriedad, no parece tan graciosa. Si además le sumamos que hace sólo tres años los chilenos rechazamos una propuesta de Constitución que establecía sistemas de justicia diferenciados y plurinacionalidad; o lo que ocurrió esta semana con la norma que establecía una multa por no votar y que fue rechazada en la Cámara de Diputados, porque no alcanzó el quórum requerido; o que los mismos partidos que no votaron dicha sanción recurrirán ante los tribunales electorales para impugnar la candidatura de la senadora Rincón; entonces la pregunta cobra una vigencia alarmante.

El artículo 15 de la Carta Fundamental ordena expresamente al legislador “fijar las multas o sanciones que se aplicarán” a quienes incumplan su deber de votar. Pero una parte muy importante de los diputados, seguramente mirando las encuestas relativas a las elecciones que se celebrarán en pocas semanas más, optó por omitir ese artículo del menú de sus obligaciones. A diferencia del artículo 51, el que limita las reelecciones de los parlamentarios, que los mismos -sí exactamente los mismos- sí quieren que se aplique y lo exigirán con el celo de un Catón premunidos de códigos, jurisprudencia y pasión por el estado de derecho.

Recordando una expresión que usó el Presidente Boric, habría que decir que en una sociedad civilizada nadie -especialmente sus autoridades- puede hacer “cherry picking” con las leyes. Omitir algunas y exigir el imperio de otras a mera conveniencia, porque la democracia no es un sistema para oportunistas, sino para ciudadanos.

Por Gonzalo Cordero, abogado.