SEÑOR DIRECTOR:

La creciente inseguridad y violencia en América Latina y el Caribe no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que afecta gravemente el desarrollo económico de la región.

Según el BID y el FMI, en 2022, la delincuencia representó el 3,44% del PIB regional, mientras que en Chile alcanzó el 2,4%. Estos costos limitan el crecimiento económico y la inversión, afectando directamente la productividad. Un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica local en un 4%, lo que impacta especialmente en países con altas tasas de criminalidad como Brasil, México y Colombia. Además, el 30% de las empresas de la región consideran la delincuencia su principal problema, lo que frena la competitividad y desincentiva la inversión.

El FMI estima que, si se lograran reducir los costos del crimen en la región, se liberaría hasta un 1% del PIB. Una cantidad no menor que podría invertirse en programas sociales y en la mejora de la calidad de vida. Esto destaca la necesidad de un enfoque integral, que combine el fortalecimiento del Estado de Derecho y políticas preventivas en seguridad, con el impulso de condiciones sociales y educativas que frenen las causas estructurales de la violencia. La inseguridad es un obstáculo para el progreso económico y social. Es hora de actuar con un enfoque equilibrado y eficiente para asegurar un entorno más seguro y propicio para todos los chilenos.

Carolina Neumann

Directora de Comunicaciones y Asuntos públicos Fundación Jaime Guzmán