Seguridad y crecimiento son hoy las dos grandes prioridades del gobierno. Probablemente con razón, ya que ambas son habilitantes del bienestar. Sin crecimiento no existe política social sostenible. Y sin seguridad, ninguna política pública logra desplegarse plenamente.

Pero justamente porque son habilitantes, no constituyen por sí solas una política social con foco propio. Y aquí aparece un gran desafío: definir cuál será el sello del gobierno en materia social. El 1 de junio puede ser una oportunidad para plantearlo.

La respuesta no pasa por grandes expansiones presupuestarias ni por nuevos programas, sino por una decisión más profunda: cambiar la forma en que el Estado mira y acompaña las vulnerabilidades sociales contemporáneas.

Durante décadas el país construyó una arquitectura social basada en subsidios y programas que operan separados entre sí. Distintos ministerios observan distintas partes de una misma familia. Salud mira una dimensión, educación otra, empleo otra, vivienda otra. El resultado es un Estado que interviene mucho, pero comprende poco de manera integral. Con todo ha habido grandes avances como el Chile Crece Contigo, que demostró que es posible acompañar familias durante parte de su trayectoria vital. Pero incluso ese modelo sigue sin leer el entorno donde esas vidas transcurren: el barrio, la precariedad del lugar, las redes que existen o faltan. Si el programa más integral que tenemos no llega a esa dimensión, la brecha del sistema es aún mayor.

Porque las vulnerabilidades actuales son cambiantes: hogares que caen y se recuperan, ingresos variables, trabajos inestables, estructuras más frágiles. La política social, sin embargo, sigue operando con fotografías estáticas de vidas que cambian permanentemente. Ve un ingreso en un momento dado. No ve una trayectoria. Y esa mirada no es solo sectorial. También es espacial. No enfrenta las mismas condiciones un hogar con transporte, conectividad y redes de apoyo, que uno donde predominan la inseguridad y el deterioro urbano. Una familia puede superar un umbral de ingresos y aun así vivir en un entorno profundamente precario en un contexto donde el entorno también condiciona las oportunidades.

El problema no se resuelve acumulando más datos. El Estado ya posee enormes volúmenes de información sobre ingresos, salud, educación y empleo, pero esa información no conversa entre sí ni se traduce oportunamente en protección. ¿Por qué debe una persona postular a la PGU si el Estado ya conoce su edad, sus ingresos y su situación previsional? ¿Por qué una familia debe postular al Subsidio Único Familiar si gran parte de esa información ya obra en poder del propio Estado?

Porque una de las mayores frustraciones de los sectores medios vulnerables no es solo la carencia económica. Es la sensación constante de quedar fuera. Fuera por unos pocos puntos en el RSH. Fuera por un tramo. Fuera porque la situación cambió más rápido que la capacidad del Estado de reconocerla. La fragilidad permanente de quienes no son pobres, pero tampoco logran sentirse respaldados, es uno de los fenómenos menos abordados por la política pública.

Avanzar en esa dirección supone algo más que integrar datos o modernizar plataformas. Supone tomar una decisión de enfoque: abandonar la lógica estática de umbrales fijos y postulaciones individuales, dejar de mirar fragmentos y empezar a visualizar familias, su historia real y el lugar donde esa historia ocurre para construir protección desde la integralidad del bienestar. Esa decisión no es técnica. Es política. Y no es evidente aún que este gobierno quiera tomarla. Sin embargo, ahí podría estar su contribución social más transformadora.

Porque crecimiento y seguridad pueden habilitar bienestar. Pero tarde o temprano todo gobierno necesita explicar también cómo quiere construir protección social.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos de Feedback.