Crisis de autoridad e irrespeto a la ley



Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía

Lo que ocurre en Chile es altamente preocupante. La crisis de autoridad es evidente. Casi nadie se atreve a hacer uso de ella o, tal vez peor, cada vez menos personas que ocupan cargos de relevancia nacional la poseen en grado suficiente. Con frecuencia se observa que, incluidos la más alta magistratura, los ministerios, el Congreso, cortes y tribunales, rectorías y otros muchos puestos de responsabilidad, se abdica derechamente de ejercer con sabiduría práctica y decisión las potestades anexas a las distintas dignidades que se ostentan. Dicho con otras palabras, en diversas circunstancias se está dejando de procurar aquellos bienes que corresponde promover, ya sea por incapacidad, frivolidad o debilidad. De tal forma, la búsqueda del bien común queda a menudo subyugada a la dictadura de la corrección política impuesta por ideologías y grupos sociales habitualmente minoritarios, pero con agendas de interés especialmente activas.

Como consecuencia directa del fenómeno descrito comienza a campear por tierras patrias una suerte de peligroso laissez faire, donde se adoptan abiertamente malas decisiones, o al menos claramente subóptimas, y se va dando paso a la primacía del populismo sobre la racionalidad y la preeminencia del absurdo sobre el sentido común. Paralelamente, faltas de deberes flagrantes y, peor aún, delitos y actos delincuenciales o terroristas van quedando impunes con regularidad alarmante. En fin, hasta las formas y el respeto parecen ir en franca decadencia. Todo lo expuesto, en su conjunto, propicia un deterioro creciente de la convivencia y la confianza en la sociedad chilena.

Una de las manifestaciones más recientes del fenómeno descrito se ha podido observar en la seguidilla de proyectos de ley presentados o apoyados por miembros del Congreso Nacional que resultan ser lisa y llanamente inconstitucionales. Pero que, no obstante, logran prosperar en las cámaras, instituciones que por prerrogativa propia están precisamente llamadas a confeccionar o modificar los cuerpos legales. Esto es, quienes legislan lo están haciendo, en ocasiones, mediante el quiebre del marco jurídico que les debería servir de base fundamental inviolable al momento de realizar sus tareas. No solo han trasgredido la carta magna, sino que han llegado hasta el punto de afirmar públicamente su preferencia por tal conducta. Hechos, sin duda, de particular gravedad.

El deterioro de la autoridad y el irrespeto a la ley, desde sitiales que están destinados a hacerlos valer, pueden conducir al país a una crisis de proporciones y de costos humanos y materiales incalculables. El proceso de descomposición institucional y moral que la posibilita se encuentra en marcha y promete un futuro nada halagüeño. Es ahora, antes de que sea demasiado tarde, momento de rectificar y es deber de todos colaborar desde su lugar, y con lo suyo, en esta imprescindible enmienda.

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