Tenía 39 años, era de derecha, senador y precandidato presidencial. Hijo de una periodista y presentadora de televisión asesinada en 1991 -cuando él tenía cinco años-, tras ser secuestrada por un grupo narcoterrorista liderado por Pablo Escobar. Era padre y esposo, tenía esperanzas para su natal Colombia, y creía en la libertad. Pero nada de eso importó.

El sábado 7 de junio pasado, en pleno acto de campaña, Miguel Uribe Turbay, principal opositor del gobierno de Gustavo Petro, recibió tres disparos de los ocho que salieron del arma del asesino, dos de ellos en la cabeza, causando heridas que lo mantuvieron internado en estado crítico hasta el día de ayer, cuando falleció.

El sicario de Miguel Uribe tiene 15 años (14 al momento de cometer el atentado), que ha sido perfilado como el último eslabón en la cadena de los responsables del atentado, al momento de ser detenido por las autoridades indicó que “fue el man (hombre) de la olla (zona de microtráfico)” además de gritar “Perdón, lo hice por plata, por mi familia”.

Mientras en Chile, otro sicario hizo historia al ser liberado de su prisión preventiva, por un supuesto error de la justicia, después de asesinar a un prestamista ilegal por orden del que sería su mejor amigo, y a quien le debía más de mil millones de pesos.

Varios son los elementos en común entre ambas historias, las rencillas, el hambre de poder y de dinero han existido y existirán siempre, pero el que las personas sean asesinadas por ello no sucede en todas partes ni en todos los países. La diferencia está en la zanahoria y el garrote que tienen los sicarios, los delincuentes y el crimen organizado.

Empecemos por los sicarios, personas que cometen asesinatos por encargo a cambio de una remuneración económica. Tienen como objetivo lucrar a cambio de ejecutar un servicio a quien los contrata. Obviamente, como en todo servicio, el precio cobrado dependerá de la oferta existente y de los riesgos de realizar el servicio. Lo anterior implica que mientras mayor es la probabilidad de pagar por cometer un asesinato, más alto será el precio a cobrar, mientras que, por el contrario, ante una menor probabilidad de pagar, mayor será la oferta de sicarios y con ello menor el precio de ejecutar el servicio.

De este modo, el razonamiento lógico nos indica que para que se hayan incrementado el número de asesinatos por encargo en nuestro país se debe a que la probabilidad de pagar por cometer dicho asesinato es baja, ya sea porque la pena, la probabilidad de ser apresado, la probabilidad de ser declarado culpable o todas las anteriores son bajas.

Desde el punto de vista de política pública, entonces, si queremos bajar el número de asesinatos en el país es necesario que el negocio de asesinar deje de ser rentable, para ello necesitamos que las penas sean altas, que las policías apresen y que los jueces condenen. Lo que implica que necesitamos penas más altas y efectivas, mejores herramientas para las policías y un sistema judicial que no sea permeable a la corrupción.

¿Por qué tenemos legisladores que votan en contra de endurecer penas para los delincuentes? ¿Cuáles son los incentivos de esos legisladores a votar en contra, no de una, sino de cada una de las leyes de seguridad propuestas? ¿Podemos tener legisladores que se niegan a realizarse pruebas de drogas, cuando gran parte del crimen organizado se nutre y financia con el narcotráfico?

Si no somos capaces de endurecer la probabilidad efectiva de captura y castigo de quienes transgreden las leyes, nuestro país que ya está herido de muerte, sucumbirá al mismo destino de Miguel Uribe – que en paz descanse -, de su madre, de Jaime Guzmán y de muchos otros chilenos que cada día engrosan la lista de víctimas.