Las contribuciones son uno de los impuestos más cuestionados por los chilenos, quienes, por lo general, son contribuyentes disciplinados y poco conscientes de su enorme y vital aporte a las arcas del Estado para el funcionamiento de este. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), estas se definen como "el tributo que se aplica sobre el avalúo fiscal de las propiedades, determinado por el SII, de acuerdo con las normas de la Ley Sobre Impuesto Territorial".

Hoy en día existen cerca de siete millones de bienes raíces en Chile. De esos, un 75% se destina a uso habitacional y el resto a uso comercial, bodegas y estacionamientos. Podemos agregar también que aproximadamente el 60% de los bienes raíces habitacionales no pagan este impuesto territorial, o sea que el avalúo fiscal no supera los $34.000.000. Luego, del dinero recaudado, un 60% se queda en el Estado y el 40% restante en las arcas municipales de la comuna que recauda, con la excepción de algunas pocas de alto ingreso que obtienen un 35%.

No cabe duda de que las contribuciones son una importante fuente de recursos, tanto para el Estado como para un grupo puntual de municipios que las reciben, y que con ello se llevan adelante importantes obras para la comunidad. No obstante, se han convertido, a la vez, en una verdadera pesadilla para muchos chilenos, en especial adultos mayores, quienes se ven sobrepasados a la hora de pagarlas.

Imagine usted que es un jubilado con una pensión de 400 mil pesos (superior al promedio), que ha vivido hace más de 50 años en su casa, y que su entorno ha ido mejorando con el tiempo en paralelo al desarrollo del país y, por lo tanto, el valor de la propiedad se ha incrementado. Agreguemos que una estación de metro se ha instalado muy cerca de su hogar, por lo que el precio y el avalúo fiscal suben más aun, consecuentemente sus contribuciones, o tal vez incluso pasó de no pagar en el pasado, a pagar hoy. Sin embargo, actualmente usted posee menos ingresos que en su época activa y muchos gastos en materia de salud, por ejemplo. Este caso refleja la vida de miles de chilenos que ya no pueden cancelar las contribuciones. Más dramático aún es en comunas donde el suelo sube de manera exponencial, como lo pueden ser Providencia o Las Condes, encontrándonos con una "pobreza disfrazada" en esos adultos mayores.

Una salida corta y fácil sería suprimir el pago de las contribuciones en adultos mayores o en un plazo determinado desde la compra de la propiedad, pero a diferencia de lo que postulan los "economistas" de la izquierda dura, el dinero no crece en los árboles, por lo que debemos re obtener esos recursos. Más aún, el Ejecutivo en conjunto con el Congreso podrían llevar adelante una ley que suspenda o condone pagos de contribuciones a adultos mayores, y probablemente ni siquiera pregunten a los municipios por ello, entidades que obtienen el 40% de quienes pagan. Como se puede observar, estamos en un "zapato chino".

¿Qué soluciones nos parecen posibles? Desde los municipios no queremos más políticas públicas que nos entreguen responsabilidades, pero que no vengan financiadas desde el gobierno central. No es posible seguir requiriendo el presupuesto municipal y, más encima, sin consulta previa.

Una vía equilibrada es la del diputado Luciano Cruz-Coke, quien opinó en una carta a un diario capitalino que "toda persona jubilada que viva en su casa pueda postergar el pago de las contribuciones, hasta que se produzca la venta de la propiedad o la realización de la posición efectiva tras la muerte del dueño", esto en una perspectiva de poder ver en el mediano plazo una solución definitiva.

El problema de las contribuciones, las pensiones y la atención médica para nuestros adultos mayores, reflejan también un tema más profundo y es que en la última reforma tributaria decidimos gastarnos todo el dinero en la educación superior -importante ítem, pero no el único preocupante en nuestro país-. Lamentablemente, el mundo político a veces se conduce y presiona por quienes más gritan o salen a la calle y no necesariamente en un orden prioritario. Hacer políticas publicas requiere responsabilidad, ponderación y orden, para no postergar en la fila a quienes más les urge.