El Presidente se alista para la última cuenta pública de su periodo. En general, los discursos de los años finales de los mandatos se concentran en los logros de los gobiernos (reales o percibidos) y los anuncios tienden a ser acotados y centrados en sus electores, como forma de dar una señal en un año electoral. A juzgar por la contingencia reciente, educación no estará en el centro de la cuenta. Pero algo habrá que decir.

De los avances de esta administración, es probable que la atención se centre en el arreglo logrado en relación con la llamada deuda histórica de los profesores. Aunque el monto pagado es bajo comparado con las expectativas que tenía el profesorado, el acuerdo tiene un valor ideológico relevante para el gobierno. Es una promesa cumplida. Si acaso permite “cerrar” el tema, está por verse.

Es posible que también se busque mostrar mejoras en la reactivación educativa, nombre que se le ha dado a la recuperación del sistema escolar post pandemia. Sin embargo, tanto los recursos y los avances han sido acotados: la asistencia a clases no ha retornado a niveles previos, y resulta muy preocupante que esté aumentando la inasistencia grave. Mirando el Simce, se avanzó en 4to básico, pero no se ha logrado recuperar el desempeño en aprendizajes anterior a la pandemia en II medio, y en 6to básico se habló de “generación perdida”. No hay antecedentes para sacar cuentas alegres de la reactivación, seguimos en deuda con el daño provocado por la pandemia.

En educación pública, el panorama es contradictorio. Esta administración ha logrado implementar un número importante de Servicios Locales de Educación, lo que es un desafío práctico y administrativo de alta complejidad. Ha habido problemas graves, pero muchos de ellos no son sino la explosión de dificultades que se heredaron de la gestión municipal. Donde el gobierno está en falta, y grave, es en legislar modificaciones para mejorar la implementación y gestión de los SLEP. El proyecto en trámite, modesto en alcance (sufrió muchos cambios dado un errado enfoque centralista inicial), está eclipsado por la agenda de educación superior, que no solo es menos importante, es también menos urgente.

En los anuncios, el espacio legislativo que queda es corto. Todo el esfuerzo del Mineduc está centrado en el FES, un reemplazo del CAE que, en términos de diseño, es una extensión de la gratuidad de Bachelet financiada mediante un impuesto a los graduados. La propuesta no ha suscitado entusiasmo alguno (a pesar de una campaña de proselitismo llevada a cabo por la Segegob en todo el país), y ha concentrado duras críticas transversales de rectores, expertos y exautoridades. El informe financiero del gobierno, que intenta convencer mediante supuestos muy dudosos que el Estado no solo ahorrará si no que ganará plata con esto, ha sido cuestionado por no incluir el impacto de la reforma de pensiones y por subestimar el gasto público requerido. Se ha sugerido dividir el proyecto, abordando por un lado la morosidad y los deudores históricos del CAE (que es un problema fiscal urgente y una promesa electoral presidencial), y por otro el mecanismo de reemplazo, que requiere mejoras profundas. Pero no parece haber disposición del Ejecutivo.

Sin perjuicio de la contingencia actual, el Presidente Boric será oído con atención por sus filas, que están hoy preparando una primaria presidencial. Por mucho que se intente maquillar, el balance del gobierno en educación es negativo. Si de algo debieran tomar nota los candidatos oyentes es que las prioridades son todo, pues errarlas, como hizo esta administración, puede implicar que sigamos perdiendo tiempo. Foco en los aprendizajes y en la convivencia escolar, cobertura en educación parvularia y entregar confianza a los colegios, es un mejor camino.

Por Daniel Rodríguez Morales, Director ejecutivo de Acción Educar