Desde 2023, el Estado recolectó datos personales y biométricos de más de 180 mil personas migrantes en situación irregular con el fin de avanzar en el proceso de regularización. Hoy ese objetivo no se ha cumplido y todo indica que no se cumplirá. La reacción fue inmediata: alarma, incertidumbre y desconfianza lógica en una población que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

En primer lugar, es necesario despejar un punto clave: el Estado sí está facultado para recopilar, almacenar y utilizar datos personales, incluso datos sensibles y biométricos. Sin embargo, esta atribución no es absoluta ni discrecional. En un Estado de derecho, el tratamiento de datos sólo es legítimo cuando se cumplen condiciones básicas: finalidad determinada, proporcionalidad, transparencia, seguridad y respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

Si bien la Ley 21.325 de Migración y Extranjería faculta a la Subsecretaría del Interior para definir mecanismos de regularización migratoria y sus requisitos, incluyendo la entrega de datos, la ley también establece que el uso de dicha información queda subordinado a la finalidad que justificó la recolección: facilitar y promover la regularización, no pudiendo utilizarse esos mecanismos para fines distintos, como control, persecución o sanción indirecta. Ello es reforzado igualmente en la Ley de Protección de la Vida Privada, que señala expresamente que los datos personales “deben utilizarse solo para los fines para los cuales hubiesen sido recolectados”. Entonces, no se trata de una recomendación ética: aquí hablamos de una obligación legal.

Este fue el marco normativo en que se desarrolló el proceso de captación de datos personales y biométricos de miles de personas. El problema surgió cuando, tras generar altas expectativas sobre un proceso de regularización para personas migrantes anunciado públicamente, la propia vocería de gobierno informó que dicho proceso finalmente no se llevaría a cabo.

Aquí emerge una segunda y más profunda preocupación. Los datos fueron recolectados con una finalidad específica que no se cumplió. Dicho incumplimiento no es menor, especialmente en un contexto donde la seguridad de la información se ha convertido en una alerta crítica. Las filtraciones de datos en Chile han aumentado de forma exponencial y hoy constituyen un componente central de los ataques cibernéticos a nivel global. En este escenario, el riesgo no se limita únicamente a una eventual filtración, sino también al uso indebido o desviado de información altamente sensible, como datos biométricos y antecedentes migratorios.

Lo grave no solo es el quiebre de un compromiso político o administrativo; si no que además estamos frente a una afectación directa de derechos humanos, particularmente del derecho a la vida privada, a la protección de datos personales y a la seguridad. Nadie ha explicado cómo se protegerá la información ya recolectada, qué medidas existen para prevenir filtraciones ni qué ocurriría si éstas, efectivamente, se producen. El silencio institucional, en este contexto, no es neutral: incrementa la vulnerabilidad de quienes confiaron en el Estado.

Finalmente, hay un aspecto especialmente delicado que no puede soslayarse. Tal como lo establece la legislación nacional, si una persona entrega sus datos personales bajo ciertas condiciones y esas condiciones cambian sustancialmente, tiene derecho a retractarse. Si el empadronamiento se realizó con la promesa de avanzar hacia la regularización migratoria y ese objetivo se abandona, las personas afectadas podrían legítimamente exigir la eliminación de sus datos personales. Más aún, si esos datos llegaran a utilizarse —hipotéticamente— para fines como órdenes de expulsión, podría alegarse un consentimiento viciado, frente a un proceso poco transparente e irregular.

La posibilidad de que estos escenarios se materialicen es lo que vuelve esta situación tan preocupante. Cuando el Estado falla en resguardar los derechos de quienes se encuentran en mayor desprotección, no sólo se erosiona la confianza pública: se debilita el propio fundamento del Estado de derecho. En materia de datos personales y migración, las promesas incumplidas no son solo un error político; pueden convertirse en una vulneración grave de derechos humanos.

Por Viviana Cáceres, directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional Chile