SEÑOR DIRECTOR:
Las propuestas aprobadas en la Convención hasta el momento son transformadoras y requerirán de un extenso proceso de implementación; conocer la gradualidad de aquel proceso configurará un elemento central en el debate público, y la claridad respecto de cómo avanzaremos de la actual Constitución a la nueva podría contribuir en aminorar resquemores.
Si bien el contenido final del texto constitucional es clave para adoptar una postura frente al plebiscito de salida, tan o más relevante es definir las normas transitorias, ya que serán ellas las encargadas de regular los mecanismos y plazos para ejecutar la nueva estructura de poder. Así, por ejemplo, definirán si se respetarán o no los actuales mandatos de las autoridades, la edad de jubilación de los jueces, qué sucederá con los trabajadores de órganos como el Senado, Tribunal Constitucional, etc.
El 17 de mayo inicia su funcionamiento la comisión que definirá tales normas transitorias, y en tal escenario, la clase política no puede marginarse; es un imperativo republicano. El texto constitucional y las normas transitorias impondrán el deber de dictar variadas leyes de natural competencia del Congreso Nacional y de contar con las herramientas que solo posee el Ejecutivo para determinar el gasto público que generarán.
Lo anterior impone un desafío al gobierno: cumplir un rol de facilitador, pero no interventor. La relevancia del proceso constituyente y su impacto en la sociedad no puede cercenar la libertad que toda persona posee para adoptar sus decisiones político-institucionales, y esto incluye a los personeros de gobierno. Pero más importante será entregar a la ciudadanía información precisa y certera que favorezca el éxito del proceso.
Leslie Sánchez Lobos
Doctora en estado de derecho y gobernanza
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