Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en cinco plantas de tratamiento de aguas servidas administradas por las municipalidades de María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla, en la Región Metropolitana.

Entre los principales hallazgos se encuentran instalaciones que operaban sin autorización sanitaria, deficiencias en sus sistemas de control y monitoreo, infraestructura deteriorada y problemas en el manejo de lodos. En uno de los casos, además, se constataron descargas de aguas servidas sin tratamiento a cursos de agua.

El caso más crítico fue detectado en María Pinto, donde las plantas La Colonia, San Enrique y Chorombo Bajo funcionaban sin autorización de la Seremi de Salud Metropolitana y sin que el municipio hubiera regularizado su situación conforme a la Ley N° 20.998.

Según el Informe N°110 de 2026, las tres instalaciones registraron en distintas oportunidades niveles de demanda biológica de oxígeno (DBO5), coliformes fecales y otros parámetros por sobre los límites establecidos por la normativa ambiental. También se detectaron excedencias de sólidos suspendidos totales y pentaclorofenol.

La Contraloría advirtió además que el municipio no cuenta con un programa de monitoreo periódico para controlar la calidad de las aguas descargadas al Estero Puangue. Un informe ambiental municipal de 2024 ya había alertado sobre la presencia de microorganismos patógenos que podrían afectar un curso de agua utilizado aguas abajo para el riego de productos agrícolas destinados al consumo humano y animal.

A esto se suman deficiencias en la operación y mantención de las plantas, infraestructura deteriorada, equipos fuera de servicio y ausencia de planes de manejo de lodos y de contingencia.

La fiscalización también cuestionó la actuación de los organismos encargados de supervisar estas instalaciones. La Contraloría constató que la Seremi de Salud Metropolitana no derivó oportunamente antecedentes sobre posibles episodios de contaminación a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), mientras que esta última presentó demoras en la tramitación de denuncias y en la evaluación de antecedentes.

En Isla de Maipo, en tanto, la Planta Gacitúa operaba sin autorización sanitaria y tampoco había regularizado su administración conforme a la Ley N° 20.998.

Durante una inspección, funcionarios detectaron la incorporación de agua al sistema de tratamiento, una práctica que permite diluir las aguas servidas y alterar los resultados de las mediciones exigidas por la normativa. Además, se identificaron conexiones que permitían descargar directamente aguas servidas sin tratamiento al Estero Gatica.

La auditoría detectó también acumulación de lodos, modificaciones al sistema originalmente aprobado, deterioro de infraestructura crítica y falta de registros técnicos para verificar su funcionamiento. La municipalidad informó la instrucción de un procedimiento disciplinario.

Finalmente, en Melipilla, Contraloría comprobó que la planta de tratamiento de Bollenar funcionaba sin la autorización sanitaria correspondiente. Además, el municipio operaba la instalación sin estar inscrito en el Registro de Operadores establecido en la Ley N° 20.998.

A raíz de los hallazgos, Contraloría anunció el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de la Municipalidad de María Pinto, la Seremi de Salud Metropolitana, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la SMA.