El domingo, La Araucanía volvió a teñirse de luto. En Victoria, un guardia forestal de CMPC murió tras un ataque perpetrado por desconocidos, mientras otro colega resultó gravemente herido. La crudeza del hecho no admite eufemismos: esta violencia es terrorismo, no simple “violencia rural”. Así lo han señalado con claridad gremios y líderes políticos, conscientes de que la pasividad ya no es opción.

No fue el único episodio trágico. El asesinato de Michael Peñaloza en Curacaví y diversas balaceras y encerronas estremecieron al país en días recientes; la lista es larga. En síntesis, en el transcurso de los últimos años se ha ido configurado un cuadro de inseguridad creciente que la ciudadanía, según evidencian las encuestas, percibe como el principal problema nacional.

La conclusión es ineludible: el actual gobierno -también los inmediatamente anteriores- ha fracasado en el control de la violencia criminal y terrorista. No ha logrado establecer una estrategia sólida, consistente y efectiva. Las condenas retóricas sobran, pero las medidas concretas llegan tarde o nunca. Así, la percepción de abandono estatal se multiplica, erosionando justificadamente la confianza de la población en sus autoridades.

Chile necesita un cambio radical. No bastan ajustes cosméticos ni simples anuncios. Se requiere voluntad de acción real, que haga valer las leyes ya existentes y que dote a las policías de respaldo político y operativo sin ambigüedades, al tiempo que refuerce la prevención y el debido castigo de corrupciones internas. Es imprescindible potenciar la inteligencia policial, generar mecanismos eficaces de persecución patrimonial y cortar las fuentes de financiamiento del narcotráfico. La gestión carcelaria debe innovarse para impedir que las cárceles sigan funcionando como centros de operaciones del crimen organizado. La custodia de fronteras, puertos y aeropuertos debe constituirse en primerísima prioridad, cerrando los accesos por donde circulan drogas, armas y migración irregular asociada a bandas internacionales.

Conjuntamente, corresponde tramitar con diligencia las nuevas leyes que se precisen para enfrentar fenómenos delictuales recientes, inéditos en nuestra historia. Y, cuando existan jueces que, por ideología o negligencia, no apliquen correctamente la ley, el Estado debe hacer uso de sus atribuciones e interponer los requerimientos que correspondan. El principio de responsabilidad no puede detenerse en la frontera del Poder Judicial: la lucha contra el crimen requiere coherencia en todos los estamentos del Estado.

Chile está en un punto de inflexión. La inseguridad amenaza la vida cotidiana, la convivencia democrática y el desarrollo económico. Urge recuperar la paz, la confianza y el sentido de comunidad. Para lograrlo, debemos atrevernos a abandonar la tibieza y a enfrentar la lacra de la criminalidad y el terrorismo con decisión, rigor y coraje.

Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School,U. de Los Andes