Por Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Universidad San Sebastián

“Elevada incertidumbre local”. Así se refirió el Banco Central al elefante en la cristalería que explica en buena parte la brutal depreciación del peso chileno y el pobre desempeño de nuestra economía: la incertidumbre por el plebiscito y la mega reforma tributaria del Ejecutivo. El presente duele y el futuro se ve incierto, la inflación no da tregua, la inversión se frena, los salarios reales caen y la creación de empleos se ralentiza, con una economía que crecerá modestamente el 2022 y se contraerá el 2023. El gran ganador en medio de esta crisis ha sido el Estado, que gozará de US$ 30 mil millones en holguras los próximos cuatro años -aun cuando el gobierno señalara que el cálculo de su predecesor estaba mal hecho- y cerca de US$ 7 mil millones de nuevos ingresos por mayor recaudación este 2022. Dentro de las pocas buenas nuevas, está la reducción del gasto público en 25%, gracias al Presupuesto 2022 diseñado por Piñera, que permitió normalizar la política fiscal.

En este contexto, las medidas económicas impulsadas por el gobierno parecen desconectadas de la realidad. El paquete por cerca de US$ 1.200 millones anunciado esta semana, que en lo medular entrega un confuso bono de $120 mil a 7,5 millones de chilenos, generará presiones inflacionarias. Es evidente que hay que ayudar a quienes más lo necesitan, pero esta crisis debe ser enfrentada con un plan de largo plazo para evitar hacer rayas en el agua y entregar certezas a la ciudadanía.

El comportamiento errático de nuestras autoridades tampoco contribuye. No es honesto intelectualmente señalar que un bono agravaría el problema inflacionario y dos semanas después afirmar lo contrario. Es claro que las presiones electorales no ayudan, pero es de esperar que no aparezca un nuevo bono, fruto de la holgura fiscal antes señalada, justo antes de comenzar el mes de la patria.

Al mismo tiempo, en un escenario de agobio para las familias y un Estado con los bolsillos llenos, una reforma que subirá en un 20% la carga tributaria no cumplirá su promesa de recaudación y, en cambio, comprometerá seriamente la inversión y el empleo, afectando más temprano que tarde a la clase media.

También las señales de política pública son contradictorias. No calza asumir el desafío de aumentar la productividad con reducir la jornada laboral a 40 horas; no calza estimular el crecimiento y al mismo tiempo complejizar y desintegrar el sistema tributario; no calza apoyar a las PYMES y subir la tasa a 25% (hoy es transitoriamente 10%); no calza proponer un “pacto fiscal” cuando todos los costos los pagarán las personas, pero el Estado no asumirá su responsabilidad de un mejor gasto.

Decir que el mal desempeño de nuestra economía se debe solo a factores globales, es querer tapar el sol con un dedo. Al final del día, el valor de nuestra economía dependerá de cuánta confianza seamos capaces de construir. Ella se sustentará en la credibilidad de nuestras autoridades, la capacidad de construir reglas del juego que entreguen certezas e igualdad de trato, la implementación de verdaderas medidas pro inversión, y el robustecimiento y respeto irrestricto de nuestra institucionalidad. En momentos difíciles, los liderazgos políticos, económicos y sociales deben convocar a la unidad. Es momento que el Ejecutivo convoque a construir una hoja de ruta clara para enfrentar la inflación y el frenazo económico ad portas.