SEÑOR DIRECTOR:
Al mes de agosto, el Estado de Chile apenas ha ejecutado el 41,4% del presupuesto de los gobiernos regionales (en 2023 ya se había realizado el 55,2%). Parece un simple dato, pero detrás hay personas cuya única alternativa es la oferta que entregan las organizaciones de la sociedad civil: niños que han sido vulnerados (para los cuales deben licitarse residencias provistas técnicamente); personas en situación de calle (para las que el Estado debe habilitar albergues); mayores que deben operarse de cadera o rodilla; jóvenes que deben entrar en programas de reinserción; o personas que deberían recibir formación de oficios a través de Sence.
La Ley de Presupuestos 2025 perpetúa los problemas para ejecutar los programas: no se establecen plazos límite para que los mandantes revisen y respondan a las rendiciones que entregan los proveedores, y el monto de las boletas de garantía no se rige por pautas equilibradas, de manera que las licitaciones quedan desiertas una y otra vez.
El articulado de la Ley de Presupuestos está lleno de vacíos y arbitrariedades que dejen a las organizaciones ejecutoras fuera de juego. No creo que sea este el objetivo, pero es lo que se está consiguiendo.
No nos quejamos de los controles. Por el contrario, las organizaciones somos las primeras interesadas en actuar con probidad y demostrarlo con transparencia. Y hemos hecho nuestra parte. Pero, no pueden seguir pagando justos por pecadores.
Así que lamento discrepar de la Dirección de Presupuestos: no se han resuelto los problemas para que los más vulnerables accedan a las prestaciones. Pero aún estamos a tiempo. Ahora las personas en situación o riesgo de pobreza dependen del apoyo del Congreso.
Hans Rosenkranz
Director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias
