El gobierno llegó con la promesa de un nuevo Chile: ético, justo y transformador. Tres años y medio después, hay un país más corrupto, pobre y desconfiado de sus instituciones. La distancia entre oferta y cumplimiento es abismante; más todavía, evidencia un fracaso político gigantesco.

En seguridad, el crimen organizado ha avanzado como nunca. Las cifras de homicidios alcanzan máximos y las fronteras del norte siguen siendo un pasadizo para bandas narco transnacionales. La estrategia al respecto ha sido una mezcla de negación e improvisación; y la reacción -tardía y débil- ha sido, principalmente, efecto de la presión ciudadana que forzó a reconocer la magnitud del problema.

La inmigración irregular alcanza varios cientos de miles de personas en situación ilegal, produciendo creciente tensión social y colapso en servicios públicos. Las expulsiones anunciadas han sido mínimas, quedan en anuncios.

En economía, el estancamiento es inocultable: crecimiento raquítico, inversión privada cayendo y empleo formal empantanado. El Banco Central advierte de la pérdida de competitividad, mientras el gobierno insiste en discursos ideológicos que espantan capitales.

La educación vive su peor crisis desde el retorno a la democracia: violencia en los liceos, niños sin matrícula, abandono escolar creciente y un plan de recuperación de aprendizajes que no da frutos. En salud, las listas de espera superan el millón de atenciones y la reforma propuesta no avanza. En vivienda, el compromiso de 260 mil soluciones habitacionales enfrenta sobrecostos, retrasos y ejecución bajo lo comprometido. En el ámbito de la cultura, de tanto alarde por la izquierda al poder, la imprevisión ha derivado en polémicas y proyectos sin ningún impacto positivo real. Y más.

Pero el deterioro no es solo por incompetencia: la corrupción y la mentira se han convertido en sellos del período. Casos como Democracia Viva y otras fundaciones revelaron un sistema de favores políticos y uso indebido de recursos públicos. En el “caso Monsalve”, el “feminismo” tan presumido, fue abiertamente ultrajado. La respuesta del Ejecutivo fue siempre minimizar, relativizar o encubrir hasta que la insistencia de los medios de comunicación hizo imposible seguir callando. La transparencia ofrecida quedó enterrada bajo explicaciones falsas y evasivas.

En este contexto, aparece Jeannette Jara como “heredera” de la administración Boric. Ministra, rostro visible y defensora férrea del gobierno, Jara no representa un cambio de rumbo, sino la certidumbre de que este “modelo” de negligencia, deshonestidad, relato engañoso y decadencia seguirá vigente.

Respaldar su continuidad es aceptar que el país siga sumido en la degradación. Chile necesita recuperar una gestión profesional, la verdad como principio político y la eficacia como obligación moral.

El “legado” que Boric deja —y que Jara quiere prolongar— no abre esperanzas, augura penurias. Si el país quiere un futuro mejor, aquello que le pretenden heredar es precisamente lo que debe rechazar y superar.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de Los Andes