El país ya está preparado para aprobar el matrimonio igualitario

No estaba en los cálculos de nadie que en las postrimerías del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el matrimonio igualitario encontrara una posibilidad cierta de ser una realidad. A pesar de que el Mandatario no era partidario de esta idea, y pese a que el proyecto respectivo está presentado desde el 2017, el gobierno nunca le dio prioridad, sino hasta ahora, cuando en su última cuenta pública el Jefe de Estado comprometió que se le colocaría urgencia. Ello de hecho se concretó ayer, cuando el Ejecutivo anunció suma urgencia, lo que significa que el trámite legislativo se acelerará.

El Mandatario justificó su cambio de postura ante lo que entiende como la necesidad de “profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado”. La convicción que invoca el Jefe de Estado no ha sido compartida, sin embargo, por una parte de su coalición, que además de sentirse pasada a llevar debido a que esta propuesta no fue sensibilizada con Chile Vamos -tampoco con la mayor parte del gabinete-, lo han tildado como una maniobra desesperada para ganar popularidad, cuando no de “traición”.

Es desde luego lamentable que un tema de tanta profundidad aparezca contaminado por una pugna política, poniendo en duda que la urgencia por tratar el tema descanse en convicciones. Ciertamente habría sido deseable que el proyecto encontrara un mejor momento para su debate, pero puesto que ya es un hecho que su discusión se reactivará, es importante que el país avance hacia la aprobación de la ley que consagre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Chile ha experimentado profundos cambios culturales en la última década; sin duda es una sociedad mucho más diversa, que valora los espacios de libertad y la posibilidad de concretar los proyectos vitales que mejor se acomoden al sentir de cada uno. Ello también se ha traducido en que la población homosexual ha logrado una serie de conquistas y reconocimiento a sus derechos, todo lo cual decanta en que la sociedad ya parece estar lista para dar el paso definitivo y contar con una ley de matrimonio civil que no distinga entre sexos. De hecho, diversos estudios de opinión coinciden en que una alta proporción de la ciudadanía -sobre el 70%, en algunos casos- ya favorece una ley de este tipo.

Nuestro país tampoco sería una excepción. Una treintena de países ya cuenta con matrimonio igualitario -nueve de los cuales son de América-, ya sea por legislaciones expresas o por dictámenes judiciales, y en muchos otros se debate actualmente instaurar esta legislación. Probablemente uno de los casos más señeros en la materia lo constituye el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2015 (caso Obergefell contra Hodges), pues sin perjuicio que algunos estados ya lo permitían, a partir de esa sentencia se estableció la inconstitucionalidad de privar a las personas del mismo sexo de su derecho a contraer matrimonio civil. Entre otros razonamientos, la corte hizo ver que, atendidos los contextos históricos, desigualdades injustificadas en las instituciones fundamentales pudieron pasar inadvertidas; también hizo ver que la institución matrimonial ha ido evolucionando en el tiempo, y que estos cambios en general han reforzado el matrimonio.

Una sociedad respetuosa de las libertades debe tomar más conciencia sobre la importancia de que el Estado permanezca neutral frente a los distintos proyectos de vida, evitando caer en las discriminaciones que lleven a privilegiar a unos sobre otros. Se asienta cada vez más la creencia de que el matrimonio es un derecho que pertenece a las personas, no al Estado, y por tanto éste solo puede limitarse a regularlo, pero no a prohibir discrecionalmente su ejercicio. Los credos religiosos y quienes adscriben a ellos tienen todo el derecho a estimar que el matrimonio es una institución reservada para un hombre y una mujer, pero ante el Estado la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria han de ser los principios rectores.

Pero el paso que se apronta a dar el país estaría truncado si a la par no existe una adecuada regulación en materia de adopción. El matrimonio tiene una dimensión de protección jurídica, pero ante todo refleja el anhelo de formar una familia, con el natural deseo de criar los propios hijos. Esta dimensión es fundamental de tener presente, pues una ley de matrimonio igualitario que no vaya acompañada de derechos que permitan la adopción, en los hechos pasaría a ser un asunto meramente simbólico. Bajo la actual legislación, las parejas que conviven tienen menos chance de lograr la adopción de un hijo respecto de un matrimonio. Las parejas del mismo sexo pueden tener sus propios hijos por métodos naturales, inseminación o incluso alquiler de vientres, como ocurre en otros países. Pero sin un real derecho a la adopción, se puede estar en presencia de una nueva discriminación, que es justamente lo que se quiere evitar.

En mayo de 2019 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que establece una nueva ley de adopciones -el cual viene tramitándose desde 2013-, la que entre otros aspectos permite adoptar a matrimonios, convivientes civiles o personas solteras, estableciéndose además la prohibición de discriminar por orientación sexual o identidad de género. Los legisladores deben agilizar la tramitación de este proyecto, tal que matrimonio igualitario y adopción sean una realidad conjunta.