Garantizar que cada niño y niña tenga en su aula a un gran docente no es negociable, ya que es la base de una educación de calidad y del futuro de nuestro país. Y si tanto el lector como yo compartimos esta convicción, debemos cuidar las políticas que la hacen posible.

A la espera de la pronta discusión en el Senado del Proyecto de Ley que regula las exigencias para el ingreso a las carreras de Pedagogía, es importante hacer un llamado a los legisladores a no retroceder en los logros ya alcanzados como país. En 2016, Chile consiguió un acuerdo histórico y transversal: mejorar la formación inicial de los profesores mediante estándares rigurosos de ingreso y acreditación. No fue una medida improvisada ni meramente técnica, sino el resultado de un consenso amplio, respaldado por evidencia nacional e internacional: Una política de estado. Fue ahí donde se estableció un piso mínimo de exigencia académica. ¿Por qué? Porque ser profesor es una profesión altamente compleja y tenemos que pensar en ella como pensamos en los ingenieros o los médicos: una profesión desafiante, con un alto estatus y de gran contribución al país.

Se ha argumentado que, de mantenerse los actuales requisitos –que en la práctica no se están cumpliendo desde el 2023–, se alcanzarán niveles críticos de escasez docente. Sin embargo, la escasez de horas docentes no es un fenómeno agregado y homogéneo, sino un desafío local de distribución, donde pueden coexistir –incluso en una misma comuna–, escuelas a la que le faltan horas docentes y escuelas que disponen de docentes por sobre los que necesitan para cubrir el currículum mínimo. El déficit docente responde además a otros factores como la retención, distribución territorial, crecimiento poblacional y la valoración social de la profesión.

El proyecto de ley tal como está, reduce sustancialmente los criterios mínimos de ingreso.

En esta etapa legislativa es crucial hacer las modificaciones necesarias que permitan sostener una mirada de largo plazo, y recuperar la selectividad ya alcanzada del 2017 al 2022. En primer lugar, es indispensable que la ley establezca expresamente la recuperación del percentil 50 (590 puntos aprox.) en un plazo de no más de 4 años. En segundo lugar, no aplazar el comienzo de esta recuperación progresiva e implementarlo desde la admisión de 2026. En tercer lugar, es clave asegurar una progresión clara y sostenida en la implementación de los requisitos hasta alcanzar el percentil 50 a través de un mecanismo anual y acumulativo de incremento. En cuarto lugar, se debe considerar la situación de regiones extremas, flexibilizando el piso mínimo en base a los resultados de la región. Por último, se deben fortalecer vías alternativas como el Programa de Atracción al Talento Pedagógico, y la Prosecución de Estudios, que son una respuesta clara a la equidad y atracción de talentos más diversos.

No se trata de reducir la política docente a un umbral de selectividad, sino enfrentar este desafío de forma integral. En este contexto, el proyecto tal como está, representa no solo un ajuste técnico, sino un retroceso político, educativo y social. Hacemos un llamado a los legisladores a actuar con responsabilidad, manteniendo estándares construidos con amplio consenso y pensando en el largo plazo. Lo que está en juego son los aprendizajes de nuestros estudiantes, quienes —no olvidemos— son el centro y razón fundamental del proceso educativo.

Por Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar