Siguiendo la discusión del proyecto que establece un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES), se observa que la autoridad ha pasado de la defensa razonada de su proyecto –algo obvio para cualquier gobierno- a un esfuerzo cada vez más evidente por idealizar su propuesta.

En pocas palabras, el FES es una extensión del esquema de fijación de aranceles y vacantes a las universidades, que se creó con la gratuidad. Este control de precios y cupos le permite al Fisco prohibir el copago y financiar directamente la operación de la casi totalidad del sistema de educación superior, a cambio de que quienes estudien en esas instituciones y se beneficien del FES, paguen al tesoro público una forma de impuesto a los graduados por hasta 20 años. Un estudio de University College London estima que el 40% de los estudiantes pagará más que el costo de su carrera, y el 30% más de 1,5 veces el costo de esta.

El proyecto, a la fecha, ha sido duramente criticado por afectar la autonomía de las instituciones, profundizar la disminución de ingresos derivada de la gratuidad y fijar un sistema de reparto, o solidaridad forzada, dentro de la misma clase media, que carga en los bolsillos futuros de algunos estudiantes el pago de las carreras de otros. Ha sido celebrado por establecer una estrategia de cobro de este impuesto por planilla. Pero lo más sorprendente ha sido que la Dirección de Presupuestos ha sostenido que este esquema le permitirá al Fisco ahorrar recursos a partir del segundo año de implementación.

Respecto de esto último, hay muchos supuestos involucrados para llegar en este supuesto ahorro. Se dirá que los supuestos son normales en el diseño de cualquier política pública, pues no se cuenta con información para predecir todos los efectos que tendrá, los cambios que generará en el comportamiento y en los incentivos de los involucrados (en este caso, los estudiantes; las familias; las universidades; centros de formación técnica e institutos profesionales; la Tesorería general de la República; el SII; pero también la clase política, entre otros). Un buen trabajo y la consideración de las experiencias previas ayudan a adelantar algo de esto, pero siempre es insuficiente. Lo central es tener en cuenta hasta qué punto estos efectos desconocidos son probables y si podrán manejarse. Una predicción de los efectos de una política debe sopesar el razonable equilibrio entre cosas seguras y las que no lo serán tanto.

Y es aquí el asunto central. En el FES, el gobierno toma un compromiso de financiar, desde rentas generales, los costos de impartir docencia para prácticamente todos los estudiantes de educación superior de Chile. Ya financia prácticamente la mitad vía gratuidad, pero ahora estamos hablando de universalidad. Ese compromiso es seguro, no podrá evadirse, y el costo de esta medida para el Fisco es fácil de estimar, pues los aranceles de las carreras ya están fijados por decreto.

Pero, por otra parte, el Fisco mediante el FES exige el pago del ya mencionado impuesto a los graduados. Y para calcular los ingresos que provendrán de esto, recurre a una serie de supuestos. De partida, supone que el uso del FES será el mismo que el del CAE, lo que es dudoso dado lo gravoso que será para los estudiantes de Medicina o Ingeniería, por ejemplo. Supone asimismo una cobranza casi perfecta, descartando que aumente la informalidad o el subreporte de ingresos. Pero lo más fuerte son los supuestos de crecimiento económico del país y de los salarios. Se asume que ambos serán al alza, de forma sostenida, por al menos una década.

¿Y si los supuestos no se cumplen? No sólo los ahorros previstos por la Dipres no serán tales, sino que los bolsillos de los contribuyentes quedarán amarrados por ley a financiar los aranceles de prácticamente la totalidad de los alumnos de educación superior en Chile, sin recibir los supuestos ingresos del impuesto. El Fisco no le cumplirá a los contribuyentes. Para equilibrar, deberá bajar el valor de los aranceles fijados y ajustar a la baja la matrícula, incumpliéndoles también a las instituciones. Finalmente, lo más probable es que deba aumentar la tasa del impuesto a los graduados, incumpliéndole a los estudiantes. ¿Está el país dispuesto a este riesgo?

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo Acción Educar