La reciente sentencia en el caso SQM vuelve a poner sobre la mesa una discusión que, aunque incómoda, resulta indispensable para el desarrollo del país: ¿estamos haciendo un uso proporcional y razonable del derecho penal en el mundo de los negocios?

El derecho penal es, y debe seguir siendo, una herramienta de última ratio. Su función es intervenir allí donde otros mecanismos de control o sanción resultan insuficientes. Cuando se utiliza de manera indiscriminada en el ámbito de los negocios, corre el riesgo de transformarse en una herramienta transaccional o de presión, con efectos nocivos no solo para las personas directamente involucradas, sino también para el clima general de inversión y para la confianza en las instituciones.

La Fiscalía tiene un rol central en ese equilibrio. Investigar y ejercer la acción penal implica un poder enorme, que debe ir acompañado de prudencia, objetividad y sentido de oportunidad. Ello supone evaluar, con criterios técnicos y jurídicos claros, la real procedencia de iniciar o no una investigación penal, evitando someter a empresas y a sus ejecutivos a procesos extensos y mediáticos que finalmente no prosperan. Cada causa sin fundamento suficiente no solo erosiona la credibilidad del sistema, sino que distrae a las empresas de su misión esencial: crear valor, generar empleo y contribuir al desarrollo del país.

En un entorno económico donde Chile necesita fortalecer su competitividad y su capacidad de atraer inversión, la certeza jurídica es un activo estratégico y esa certeza exige que las herramientas penales se utilicen con racionalidad, evitando confundir la persecución legítima del delito con la gestión de controversias propias del mundo de los negocios.

El desafío es claro: reafirmar el principio de proporcionalidad y la noción del derecho penal como último recurso, garantizando al mismo tiempo una fiscalía fuerte, moderna y respetuosa del debido proceso. Solo así podremos asegurar que la justicia penal cumpla su verdadero propósito: proteger los bienes jurídicos más relevantes, sin desincentivar la actividad legítima ni paralizar la inversión e innovación que el país tanto necesita.

*La autora de la columna es abogada