Uno de los anuncios que más ha llamado la atención en el ámbito económico por parte de las entrantes autoridades se refiere a la eliminación de algunas normas de protección ambiental y a la racionalización, en general, de la regulación vinculada a las inversiones. Al respecto, es importante mirar el problema en toda su complejidad.

Lo primero es reconocer que desde hace muchos años existe una demanda por proteger explícitamente el medioambiente. Una forma de verlo es la incorporación de su protección a nivel constitucional. En Chile, esto ocurrió el año 1980, pero a esa altura ya eran muchas las economías en las Américas y en Europa que contemplaban una protección específica del medioambiente y una mención al derecho ciudadano a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Estados Unidos fue una excepción, pues nunca tuvo una medida de este tipo, como tampoco ocurrió en Inglaterra y Australia.

La incorporación de normas a nivel constitucional es una muestra clara de que el problema medioambiental existe y es antiguo; no se trata de un capricho de los últimos años.

En otra dimensión del problema, a medida que los países se desarrollan se puede esperar un deterioro inicial en las condiciones medioambientales, pero a partir de un cierto nivel, incrementos sucesivos en el ingreso nacional mejoran las condiciones ambientales. Es la curva medioambiental de Kuznets. Aunque no es una lógica determinista, hay evidencia de ella, incluyendo Chile. Sobre esta base, dado el nivel de ingreso per cápita nuestro, se puede decir que la población chilena tiene naturalmente una demanda por la protección ambiental que es importante y creciente.

Una tercera dimensión se asocia con el impacto de la actividad económica humana sobre el medioambiente, y en particular sobre bienes públicos globales como la atmósfera y los océanos. La evidencia es creciente y mayoritaria en el mundo científico: tal impacto existe y es importante. No obstante que Chile es un país pequeño, cuyo impacto planetario es mínimo sobre el calentamiento global, eso no quiere decir que deba comportarse como un free rider.

La influencia política de Chile supera con creces su peso económico. Parte del nuevo orden mundial que Chile debe promover consiste justamente en tomar responsabilidades, aun cuando su impacto sistémico sea menor.

Así, frente a la idea razonable de racionalizar la regulación ambiental, es importante no exagerar su alcance por tres razones. Hay una antigua demanda nacional de protección del medioambiente; los niveles de ingreso a los que ha llegado Chile son consistentes con que esa demanda persista, y el nuevo orden internacional que Chile debe promover requiere actuar responsable y ejemplarmente, aun cuando seamos una parte mínima del problema a resolver.

La reforma a la regulación ambiental debe ser coherente con lo anterior: activa con la tijera de podar y no con la motosierra.

Por Guillermo Larraín, FEN, Universidad de Chile.