La voz de los estudiantes en el proceso constituyente

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Por Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente y coordinador de Formación, Red Para la Participación

Quienes en el futuro escriban la historia del Chile actual, difícilmente podrán ignorar el rol que en esta han jugado los y las estudiantes, desde la Revolución Pingüina del 2006 a las evasiones del Metro en la antesala del estallido social de 2019. Nuestra historia nos enseña que esta no fue la primera vez en que los secundarios jugaron un papel importante en el escenario político nacional; sin embargo, sí fue la primera en que esto ocurrió bajo un sistema escolar diseñado explícitamente para producir sujetos despolitizados. Lo cierto es que las acciones de las y los escolares chilenos durante la última década no se condicen con el espacio dado a la formación ciudadana en las escuelas durante el mismo período. Es esta una deuda pendiente que, a la luz del actual proceso constituyente, se vuelve aún más importante subsanar.

Argumentar esto no implica negar los pasos correctos que se han dado respecto a la educación ciudadana en los últimos años. No obstante, es importante reconocer que estos han respondido mayoritariamente a demandas estudiantiles, más que a iniciativas surgidas desde el mundo adulto. La reforma realizada el 2006 al decreto 524 –que por primera vez estableció que en ninguna escuela podía negarse la existencia de un centro de estudiantes– surgió como respuesta a las protestas pingüinas del mismo año. La Ley 20.911 de 2016 –que creó los planes de formación ciudadana y reinstauró la educación ciudadana como asignatura escolar de la enseñanza media– obedeció también a las demandas secundarias, siendo además parte de un programa reformista más amplio que buscaba recoger las críticas y propuestas levantadas por el movimiento estudiantil chileno. Ambas medidas han permitido abrir espacios a la educación ciudadana al interior de las escuelas, pero aún son insuficientes.

Dos proyectos de ley actualmente en el Congreso pueden ser importantes avances en la dirección correcta. Uno de ellos busca fomentar la participación de los y las estudiantes en el proceso constituyente, requiriendo que las escuelas incluyan en sus planes de formación ciudadana actividades explícitamente dedicadas a informarse, reflexionar y debatir sobre este. La segunda iniciativa incorpora a los centros de estudiantes a la Ley General de Educación, garantizando su derecho a federarse y mandatando a los establecimientos a facilitar espacios y tiempos para su funcionamiento. Este proyecto, además, entrega a estos organismos estudiantiles la responsabilidad de promover la educación y el debate en torno al proceso constituyente, debiendo realizar un plebiscito estudiantil para escoger y enviar propuestas de contenido a la Convención. Ambos proyectos aciertan en la necesidad de hacer a niños, niñas y adolescentes parte activa de la importante discusión ciudadana que vivimos hoy como país, reconociendo la necesidad de educar sobre esta en las escuelas, a la vez que dando a las y los estudiantes no solo voz sino también la responsabilidad de hacerse oír.

Mas una golondrina no hace verano, y estas leyes por sí solas no serán capaces de resolver la deuda de nuestras escuelas con la educación ciudadana. Por el contrario, si no se acompañan de recursos y apoyo para docentes y equipos directivos, así como de sistemas que canalicen efectivamente las propuestas estudiantiles hacia los tomadores de decisiones, pueden incluso llegar a generar más agobio para los adultos y decepción entre los y las jóvenes. En ese sentido, lo más importante de estos proyectos es el camino que comienzan a abrir: uno donde, desde el mundo adulto, asumamos nuestro deber de incorporar a niños, niñas y adolescentes a la discusión sobre el tipo de comunidad política que queremos constituir. Es esta una oportunidad que debemos aprovechar; si algo hemos aprendido ya, es que nuestros estudiantes no se van a quedar de brazos cruzados si no lo hacemos.

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