El gobierno presentó el plan “Chile Cuida a los Niños”, una hoja de ruta 2026-2030 con 13 iniciativas de prevención y protección: expansión de Triple P, ampliación de Chile Crece Contigo, fortalecimiento del cuidado familiar para los niños más pequeños, hoy institucionalizados, y un sistema de información integrado entre instituciones. La ministra Wulf lo resumió bien: “como sociedad tenemos que llegar antes”.

Llegar antes es exactamente lo correcto. Pero hay una pregunta que el plan todavía no responde: ¿cómo sabremos, en unos años, si efectivamente logramos llegar antes? Casi todo lo que promete un plan de infancia ocurre en el tiempo. Un programa de parentalidad no se juzga por las familias que atiende, sino por lo que pasa con esos niños después. Que un niño salga de una residencia no es un resultado; es el inicio de una trayectoria. Y la prevención, por definición, también se mide por lo que no ocurrió, algo que solo se vuelve visible con los años.

Ahí está la tensión de fondo: los planes se diseñan a cuatro años, porque así funciona el ciclo político, mientras que sus efectos aparecen mucho después. Para cerrar esa brecha, hace falta memoria.

El anunciado sistema de información integrado va en dirección correcta, pero hace algo distinto. Los registros administrativos indican a quién atendimos, cuándo y con qué programa. No dicen necesariamente cómo se desarrolla ese niño, cuándo empieza a abrirse una brecha, si una dificultad fue transitoria o se volvió persistente, ni qué ocurrió con ella años después. Para saberlo, hay que volver a preguntarles a las mismas familias y observar sus trayectorias.

Los registros son la fotografía; el seguimiento longitudinal es la película. Necesitamos las dos.

Chile ya hizo la parte más difícil. La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) lleva 14 años siguiendo a miles de niños y sus familias, durante los cuales se han construido instrumentos, equipos y bases comparables entre rondas, y se ha fortalecido la confianza de las familias que han aceptado participar una y otra vez.

A diferencia de una encuesta, una infraestructura longitudinal es una inversión que se acumula. Cada nueva ronda aporta valor a las anteriores y permite responder preguntas que no existían al inicio del estudio. Si Chile quiere realmente llegar antes, la continuidad de la ELPI debería formar parte de esa estrategia a largo plazo, como infraestructura pública que permita identificar dónde están las brechas, cuándo aparecen, qué políticas logran reducirlas y cuáles necesitan ser corregidas. Interrumpir ese seguimiento significaría perder parte del valor acumulado y debilitar precisamente la capacidad que el país necesita para evaluar sus políticas de infancia desde una perspectiva de largo plazo.

Un país que se propone llegar antes también necesita saber si llegó antes. Y para eso no basta con actuar: hay que medir, seguir y aprender. Las políticas de infancia necesitan recursos y voluntad. Pero también necesitan algo que suele ser escaso en la política pública: memoria.

Por Marigen Narea, Escuela de Psicología UC, Centro de Justicia Educacional