Por Eduardo A. Gamarra, PhD, profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Florida y director asociado de investigación básica en el Instituto Jack D. Gordon. Escribe desde Miami. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Cuando Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, pocos envidiaban la tarea que le aguardaba. Heredó una nación sometida a graves tensiones económicas: una inflación superior al 20%, reservas de divisas prácticamente agotadas, servicios públicos deteriorados y colas interminables para obtener combustible. Políticamente, asumió el cargo sin una mayoría en el Congreso, con una población inquieta y con enemigos no solo en la oposición, sino también dentro de su propio gabinete.

Cualquiera de estos desafíos podría haber paralizado a un nuevo gobierno. Sin embargo, en sus primeros 90 días, Paz logró lo que muchos creían imposible: no solo sobrevivió a la tormenta inicial, sino que también comenzó a cambiar la trayectoria del país.

Como hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz hizo campaña con un mensaje de cambio pragmático y revitalización nacional. Pero la crisis económica de finales de 2025 dejó poco margen para el gradualismo. Con el estado perdiendo 10 millones de dólares diarios en subsidios a los combustibles e incapaz de pagar las importaciones básicas, Paz actuó rápidamente para implementar un amplio plan de reformas. El 18 de diciembre, emitió el Decreto Supremo 5503 -conocido como el “Decreto por la Patria”- que declaraba una emergencia económica nacional y anunciaba el cambio de política más significativo que Bolivia había experimentado en décadas.

El fundamento del decreto era una medida drástica y políticamente arriesgada: la eliminación de los subsidios a los combustibles. Los precios de la gasolina y el diésel aumentaron más del doble de la noche a la mañana, revirtiendo una política de 20 años que los había mantenido artificialmente bajos. Los subsidios, si bien populares, se habían vuelto fiscalmente insostenibles y fomentaban el contrabando desenfrenado a los países vecinos. Eliminarlos era necesario, pero incendiario.

Paz comprendió los costos sociales que esto conllevaría y acompañó el decreto con medidas compensatorias: un aumento del 20% del salario mínimo (a 3.300 bolivianos, o unos 474 dólares), aumentos en las becas escolares y pensiones, y la creación de un nuevo programa de transferencias monetarias de emergencia. También presentó reformas promercado para atraer inversiones, incluyendo la simplificación de las aprobaciones regulatorias e incentivos fiscales para el capital repatriado. El mensaje fue claro: Bolivia estaba abierta a los negocios, sin perder de vista su contrato social.

Una respuesta intensa

Sin embargo, la reacción pública fue rápida y furiosa. En cuestión de días, la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor federación sindical del país, declaró una huelga general y encabezó bloqueos a nivel nacional. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz quedaron paralizadas. Las carreteras fueron bloqueadas, las cadenas de suministro interrumpidas y los ánimos caldeados. Durante casi un mes, Bolivia se tambaleó al borde del caos.

En ese crisol, muchos esperaban que el gobierno se doblegara, como lo hicieron las administraciones anteriores ante las protestas del gasolinazo. Pero Paz se mantuvo firme en el tema más difícil: los subsidios a los combustibles. A pesar de la incesante presión, su gobierno se negó a revertir el aumento de precios. En cambio, inició negociaciones con sindicatos y organizaciones sociales, y finalmente acordó derogar el Decreto 5503 y reemplazarlo por una versión revisada y simplificada: el Decreto 5516.

Este nuevo decreto preservó el pilar económico central: la fijación de precios de los combustibles basados ​​en el mercado. Eliminó o revisó disposiciones que habían suscitado inquietudes políticas y legales, incluyendo la controvertida vía rápida para contratos de inversión que eludía la supervisión del Congreso. Al mantener la disciplina fiscal y escuchar las preocupaciones públicas, Paz logró un equilibrio inusual entre determinación y capacidad de respuesta.

Este resultado fue una importante hazaña política. A diferencia de líderes anteriores que se retractaron ante la presión, Paz se mantuvo firme donde importaba, al tiempo que cedió donde era prudente llegar a un acuerdo. La COB, a su vez, declaró una victoria parcial, no al restablecer los subsidios, sino al garantizar que se mantuvieran las protecciones sociales y que los futuros cambios económicos se llevarían a cabo por vías democráticas.

Un panorama político frágil

Más allá de las protestas callejeras, Paz también enfrentó dificultades internas. Su vicepresidente, Edmand Lara, rompió públicamente con el gobierno a los pocos días de iniciar su mandato, criticando la dirección del gobierno y acusándolo de traicionar sus promesas de campaña. El espectáculo de una ruptura abierta entre el presidente y su segundo al mando puso de relieve la fragilidad de la coalición de Paz. Sin una mayoría clara en la Asamblea Legislativa, cada avance ha requerido negociación e improvisación.

También ha tenido que gobernar a la sombra del expresidente Evo Morales, cuyo Movimiento al Socialismo (MAS) sigue siendo una potente fuerza política. Si bien Morales ha estado ausente de la escena pública en las últimas semanas, lo que ha generado especulaciones sobre su huida del país o su grave enfermedad, sus aliados no han dudado en explotar la crisis del combustible para avivar el malestar. La ruptura de Paz con el legado del MAS, tanto en estilo como en contenido, ha sido total. Y en ningún ámbito ha sido más evidente que en la política exterior.

Paz ha reorientado radicalmente la postura diplomática de Bolivia. Restableció las relaciones con Estados Unidos e Israel, reanudó el diálogo con los prestamistas multilaterales e incluso dio la bienvenida al regreso de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, expulsada por Morales en 2008. Esta reorientación ya ha dado frutos: el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones han manifestado su apoyo al programa económico de Paz, ofreciendo nuevas líneas de crédito y asistencia técnica.

Por supuesto, este cambio de rumbo no está exento de riesgos políticos. El regreso de la DEA y su retórica más dura contra la producción de coca y cocaína han alarmado a sectores de la población rural, especialmente en la región del Chapare. Los partidarios de Morales acusan a Paz de traicionar la soberanía de Bolivia, y algunos líderes sindicales advierten que futuras concesiones a Washington podrían reavivar el malestar. Sin embargo, por ahora, Paz ha dejado claro que pretende priorizar la credibilidad institucional.

Su enfoque ha sorprendido a algunos. Aunque proviene de una estirpe socialdemócrata, Paz gobierna más como un reformista tecnocrático que como un ideólogo de partido. Sus políticas reflejan el reconocimiento de que la estabilización económica requiere concesiones difíciles, y que la sostenibilidad a largo plazo depende de restaurar la confianza de los inversores y racionalizar el gasto público. En una época en la que suelen prevalecer las soluciones rápidas populistas, ese tipo de valentía política es poco común.

Sin duda, el camino por delante es largo y está plagado de riesgos. La inflación se mantiene alta y el desempleo va en aumento. A medida que avanza el mandato de Paz, se intensificará la presión para lograr mejoras tangibles en la vida cotidiana. Paz deberá convertir la estabilización a corto plazo en crecimiento inclusivo mientras se enfrenta a un Congreso fragmentado y a un electorado inquieto.

Sin embargo, las primeras señales son alentadoras. Al mantenerse firme en las reformas clave y mostrar su disposición a escuchar y adaptarse, Rodrigo Paz se ha ganado el beneficio de la duda. Sus primeros 90 días fueron más que una prueba de fuego: fueron una prueba de carácter. Por ahora, la está superando.