Medio siglo de crisis en las pensiones

Que las pensiones no alcanzan para vivir es una realidad que sufren mayoritariamente los jubilados mes a mes; a la espera de que grupos de técnicos entreguen soluciones que difícilmente los beneficiarán a ellos, sino más bien propondrán respuestas a las generaciones futuras.

Una realidad histórica de larga data, que cada gobierno ha tratado de abordar con distintas propuestas, pero en las que se percibe una constante: la escasa incorporación de los propios interesados en la discusión, es decir, la incapacidad de escuchar la opinión de los propios adultos mayores y de los jóvenes.

La última de estas propuestas que conocemos es el estudio que estaría evaluando el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que en el marco de la reforma de pensiones buscaría reducir el límite a la exención tributaria en los depósitos convenidos (APV) a fin de fomentar el uso del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC) que hasta ahora no ha tenido gran acogida.

Pero este problema actual del sistema de pensiones no es más que la continuación de una larga historia –aún no escrita, pero sí vivida- que ha tenido sus altos y bajos, sin otorgar, finalmente, una solución definitiva.

La crisis del sistema de pensiones ya fue diagnosticada por la Comisión Prat durante el gobierno de Jorge Alessandri a mediados de los años 60 y constatada por Eduardo Frei Montalva. El antiguo sistema estaba desfinanciado, era costoso en su administración e injusto en su distribución.

Para esos años había más de 2000 leyes que otorgaban algún tipo de beneficio que en general no contaba con el respaldo financiero y entregaba privilegios a determinados grupos de la sociedad, contrastando con lo que vivía la mayoría del país, especialmente los sectores medios y más postergados.

Este es uno de los temas, que en materia de historia económica, aborda el tomo tercero de la recientemente publicada "Historia de Chile 1960-2010".

En el libro, se señala que el entonces ministro del trabajo, William Thayer, propuso reformar el sistema de pensiones, pero sin embargo –en ese momento- tanto la democracia cristiana como el propio gabinete del gobierno, se opusieron por temor a enfrentarse con los grandes gremios que verían amenazados sus intereses y privilegios, algunos de los cuales les permitían jubilarse con tan solo 10 o 20 años de cotizaciones sin tener en consideración las lagunas previsionales.

Por esos mismos años, el ministro de Hacienda Andrés Zaldívar acusó que el sistema de pensiones era discriminatorio, pues causaba "injusticias irritantes", razón por la cual en agosto de 1968 –¡hace 50 años!- el gobierno presentaría un proyecto de reformas, pues se había llegado "al límite de lo resistible" tanto por las instituciones como por la economía del país. En el proyecto, se propondría que los hombres se jubilarían a los 65 años con 15 años de cotizaciones, en tanto que las mujeres podrían hacerlo a los 60 años cumpliendo 10 de cotizaciones. Uno de los objetivos buscados era que además las pensiones alcanzaran un 80% del sueldo base y terminar con los privilegios de los distintos grupos.

La propuesta no tuvo el apoyo necesario y finalmente no prosperó, consiguiendo el Ejecutivo la posibilidad de otorgar –discrecionalmente- aumentos y pensiones de gracia mediante una reforma constitucional que se aprobó en la Ley Nº17.284 del 21 de enero de 1970.

Eduardo Frei Montalva, en su discurso del 21 de mayo de ese año, se lamentó de la situación acusando que había "un nuevo tipo de feudalismo", en que "cada grupo, de acuerdo con su capacidad de presión, pretende exigir del país más de lo que este puede dar, sin importarle el bien común de toda la nación", siendo –en su opinión- una de las manifestaciones más extremas de este proceso lo que ocurría "en el campo de la previsión, cuya reforma", en sus palabras, "resulta más difícil de impulsar que la propia reforma agraria". Concluía el mandatario: "Siendo Chile un pueblo joven, compuesto por jóvenes, se está organizando progresivamente para el descanso prematuro y la seguridad y los privilegios obtenidos por ley".

En los años que siguieron, nuevos gobiernos buscaron dar soluciones distintas a un mismo problema, pero que sin embargo se mantiene hasta el presente.

Todo sistema debe perfeccionarse y adecuarse a los nuevos tiempos y las realidades que enfrenta. Mas, es necesario que no solo sea una discusión de técnicos, sino que incorpore la participación de quienes se verán afectados. Sin embargo, transcurrido casi medio siglo, las preguntas son ¿cuánta espera resisten nuestros pensionados? ¿Seguiremos otros cincuenta años discutiendo la solución?