En las últimas semanas una serie de situaciones distintas, -algunas francamente dramáticas- en materia medioambiental nos han recordado cuan presente está este tema en nuestro país y la necesidad de re pensar las maneras en que hacemos realidad todos nuestros compromisos en materia de desarrollo, que no puede ser a cualquier costo y que, en consecuencia, precisa ser sostenible.

Parto con un ejercicio de honestidad intelectual, hace algunas semanas, invitada como ponente en un seminario, escuché a un senador oficialista señalar que probablemente los temas medioambientales serían parte relevante de los conflictos de futuro. En el minuto lo descarté, asumiendo que había cierto sesgo en esta mirada vinculada excesivamente al interés en los proyectos de inversión y no necesariamente en temas relativos a los efectos de estos en las comunidades. No obstante, a la luz de los acontecimientos de los últimos días, me he quedado pensando que esto es claramente una realidad y que requiere volver a una mirada que ponga a los derechos humanos en el centro.

En efecto, la aprobación del uso de tronaduras en Isla Riesco, la crisis ambiental aún sin solución en Quintero- Punchuncaví y la aprobación del proyecto de El Peñon en San Bernardo, por mencionar sólo algunos de las últimas semanas, son temas que tienen un denominador común, enfrentan a pequeñas comunidades, generalmente de menores recursos, con las enormes capacidades que tienen, en muchos casos, proyectos de gran inversión o las faenas de grandes empresas. Se trata, por tanto, de un tema que nos habla de las desigualdades que enfrentan las personas en su vida cotidiana. Lo anterior tiene un sentido profundo para nuestro país, porque nos habla de desigualdad y vulneración a los derechos humanos. No es menor que ya en 2016 el Instituto de Derechos Humanos de Chile señalara que existían al menos 100 conflictos socio ambientales en Chile, que comprometían distintos actores, iniciativas e intereses.

En el contexto latinoamericano esta realidad no es muy distinta, porque esta es una región que concentra proyectos de inversión a gran escala y con alto impacto medioambiental.

En tal sentido, no es de extrañar la reacción que se ha generado en torno al aplazamiento que ha anunciado el gobierno respecto a la aprobación del Acuerso de Escazú, cuyo objetivo es "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justician en asuntos ambientales". En un país donde las asimetrías o donde el modelo de desarrollo no llega a todos por igual, es entonces una medida de justicia contar con instrumentos nacionales e internacionales que permitan resguardar a las comunidades y las protejan ante vulneraciones a sus derechos, permitiendo así equiparar la cancha. Esto por cierto sin afectar derechos comerciales o el privilegio deliberativo de los actores públicos cuando se trata de revisar proyectos de esta naturaleza, pero es preciso poner al centro una cuestión clave. Cuando se afecta la vida cotidiana de las comunidades, se están afectando derechos fundamentales y eso constituye una vulneración a los derechos humanos.

En suma, los temas medioambientales y sus múltiples consecuencias, que hace tiempo están en nuestra agenda, han llegado para quedarse y serán cada vez más relevantes. Es preciso entonces que su debate adquiera una matriz basada en un modelo de desarrollo que ponga al centro los derechos fundamentales.

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