SEÑOR DIRECTOR

Hoy es una fecha emblemática para chilenos y argentinos. Muchos recordarán las frenéticas gestiones del enviado del Papa Juan Pablo II, el Cardenal Antonio Samoré, durante los días previos a la firma de los Acuerdos de Montevideo, suscritos entre ambos países el 8 de enero de 1979, que dieron paso a uno de los procesos de resolución de conflictos más complejos de nuestra historia reciente. Gracias a la oportuna intervención pontificia, se logró poner fin a las hostilidades transandinas en la zona del Canal Beagle.

A través de estos instrumentos, ambos países asumieron una serie de compromisos, destacándose el solicitar al Papa Juan Pablo II su intervención como mediador para guiarlos en las negociaciones bilaterales y lograr una solución del diferendo austral. Luego de aceptar el encargo, se dio inicio al proceso de mediación papal, que culminó con la firma del Tratado de Paz y Amistad (TPA) entre Chile y Argentina de 1984, entre cuyos principales aportes está el capítulo relativo a la solución pacífica de controversias, que contempla un sistema preestablecido y obligatorio para ambos países.

Al amparo de este tratado, se han abordado dos controversias limítrofes entre ambas naciones: el arbitraje de Laguna del Desierto (1994) y el acuerdo sobre Campo de Hielo Patagónico Sur (1998). Las experiencias de ambos casos dejan algunas lecciones. En el primer caso, el camino escogido y la composición del tribunal arbitral resultaron contrarios a los intereses chilenos, tal como lo advirtió el ex subsecretario de RR.EE., Ernesto Videla, mientras que en el segundo, la hermeticidad y reserva de su negociación -y posterior aprobación legislativa- ha generado preocupación -hasta el día de hoy- sobre su real conveniencia para los intereses nacionales.

A la delicada controversia pendiente en Campos de Hielo, existe otro diferendo abierto entre ambos países en el Mar Austral y Antártica, a raíz de la pretensión argentina por extender su plataforma continental, vulnerando el límite marítimo (Punto F del TPA). Afortunadamente el presidente electo, Gabriel Boric, ha confirmado su voluntad de continuar con la defensa de los intereses chilenos frente a Argentina como política de Estado.

Solo insto a que la defensa de nuestra soberanía territorial no quede supeditada, en caso alguno, a la proximidad ideológica o afinidad política de los gobiernos de turno.

Francisco Orrego B.