En medio del clima electoral de este domingo, la discusión sobre seguridad volvió a instalar con fuerza la idea de trasladar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. La propuesta ha circulado como una solución rápida para un problema complejo, pero cambiar una institución de casillero no transforma su funcionamiento real. Además, suele olvidarse que Gendarmería no solo administra cárceles: es la institución responsable de la ejecución de las penas en su conjunto, lo que incluye la supervisión de medidas alternativas y del sistema postpenitenciario.

Por eso, la pregunta de fondo no es a qué ministerio debe pertenecer, sino qué modelo de gestión penitenciaria necesita Chile para enfrentar los desafíos de seguridad que vienen. La experiencia internacional muestra que las reformas penitenciarias significativas no nacen de movimientos administrativos, sino de procesos de modernización profunda. El Reino Unido es ilustrativo: su transformación descansó en fortalecer la profesionalización, establecer controles externos y consolidar una cultura de integridad.

En Chile persiste una tensión que dificulta cualquier reforma: la convivencia, dentro de una misma institución, de funciones de custodia junto con tareas de reinserción social y supervisión comunitaria. Esa mezcla debilita la claridad de misión y sobrecarga una estructura ya exigida al límite. La creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil mostró que es posible ordenar funciones y construir servicios especializados. No se trata de replicar su diseño, sino de recuperar su método: planificación rigurosa y equipos preparados para un trabajo de alta complejidad.

La formación de los gendarmes es un punto decisivo y hoy resulta insuficiente para las demandas del contexto. El trabajo penitenciario requiere capacidades diversas que no se adquieren en cursos breves; requieren programas extensos, de nivel equivalente a educación superior y basados en competencias. Pero además se necesita una carrera funcionaria acorde a esa lógica: no todos los gendarmes deben desempeñar las mismas funciones ni ser preparados del mismo modo. Un sistema moderno distingue roles y forma a su personal según trayectorias diferenciadas. Nada de esto tendrá impacto duradero si no se instala una cultura de integridad y buen gobierno. Un sistema penitenciario moderno requiere controles internos efectivos, procedimientos claros frente a faltas y mecanismos que aseguren transparencia y responsabilidad en todos los niveles. La integridad no es un eslogan; se sostiene en prácticas y culturas institucionales, e incentivos adecuados que reduzcan espacios de corrupción o cooptación.

El próximo gobierno enfrentará un desafío ineludible: sin un sistema penitenciario profesional, transparente y bien gestionado, cualquier política de seguridad será frágil. Las cárceles pueden reducir riesgos, pero también pueden amplificarlos si operan sin modernización real. Antes de discutir el ministerio al que debe adscribirse Gendarmería, deberíamos preguntarnos qué transformación institucional estamos dispuestos a emprender. El país necesita un proyecto serio de modernización penitenciaria a la altura de las exigencias actuales de seguridad y del mandato democrático de ejecutar las penas con eficacia, integridad y humanidad.

Por Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad