La pregunta a responder para que las personas puedan evaluar si es un buen proyecto que debe ser aprobado es: ¿Cuál habría sido el escenario si el Ejecutivo hubiese podido presentar las nuevas indicaciones, de haber sesionado la comisión de Educación del Senado y haberlas debatido democráticamente los parlamentarios en el espacio institucional que corresponde? Esto, considerando que no fue, como se ha dicho, solo “una” sesión la que no se realizó, sino aquella en que el acuerdo político final era posible.

La respuesta es una nueva ley de sala cuna con el efecto de crear entre 15 mil y 150 mil nuevos trabajos formales para mujeres -en un país con 25 mil mujeres con niños menores de dos años en la cesantía- al desvincular el actual costo de sala cuna de su contratación y extender el derecho a todas las madres dependientes e independientes que hoy no pueden cotizar para acceder a este beneficio; además de incluir a los padres, asumiendo la corresponsabilidad parental como principio de igualdad laboral.

Una ley que favorece el desarrollo de niñas y niños, evitando que sean “dejados” en guarderías clandestinas en un país donde uno de cada cuatro niños que nace lo hace en la pobreza. Y que eleva los estándares de los 1.500 jardines infantiles y salas cuna privadas que hoy funcionan sin autorización ni reconocimiento oficial, al permitir ejercer el derecho en establecimientos públicos y privados con fines de lucro que cumplan con las exigencias de seguridad y calidad.

Tendríamos una legislación que daría a los 16 mil niños que hoy están en listas de espera en un sistema público que no da abasto la posibilidad de acceder a salas cuna privadas y que apoya la natalidad, porque la sala cuna es de las pocas políticas públicas efectivas para revertir su caída.

Una ley que, gracias a un fondo solidario donde el Estado también aporta, reduce los costos salariales a nivel agregado para las empresas, porque el 50% de las pequeñas y el 80% de las medianas pagan sala cuna de forma directa a un valor elevado por la obligación de la ley vigente.

Una nueva ley que garantiza a las empresas de todo tamaño entregar el derecho por una cotización de 0,1% por persona contratada -en promedio solo mil pesos al mes- más otro 0,1% que se deja de pagar al seguro de cesantía, sin verse obligadas a desembolsos adicionales.

Y que asegura que las salas cuna reciban del fondo solidario el valor real fijado por una comisión técnica, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho.

Una ley que contribuye al PIB entre 0,1% y 0,8% de acuerdo con Zoom de Género Especial Sala Cuna de OCEC UDP, ChileMujeres y la CCS.

Estaríamos frente a una reforma que no fue improvisada, sino que hasta el último momento intentó un mejor acuerdo.

¿Es ya tarde? No lo es si el Ejecutivo puede presentar las indicaciones la primera semana de marzo, aprovechando los parlamentarios lo que queda de febrero para aclarar dudas y alcanzar un acuerdo político por las mujeres y niños de nuestro país.

Finalmente, invito a esas voces que solo critican a poner sobre la mesa una solución más pragmática y políticamente realista, teniendo como base que los derechos adquiridos son imposibles de eliminar en Chile. Y, como este proyecto está en trámite desde el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, les pregunto: ¿Por qué no lo han hecho aún?

Por Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva ChileMujeres