Columna de Marcela Tapia y Adriana Bastías: No más “tocuyanas” en la academia



Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que busca denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Desde su creación, en los años 80 del siglo pasado, se ha avanzado en varias materias y en distintos ámbitos, entre ellas, en legislación para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres. En el caso de la academia, un hito importante fue la promulgación de la Ley 21.369 que regula el acoso, la violencia y la discriminación en el ámbito de la educación superior en septiembre pasado. Se trata, sin duda, de un momento trascendental en la historia por la conquista de derechos de las mujeres, en general, y de las trabajadoras y estudiantes de las Instituciones de educación superior IES, en particular.

Las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las FF.AA. y Carabineros, tienen un año -a partir de la promulgación de la ley- para implementar modelos de prevención y de sanción construidos participativamente con todos los estamentos de las instituciones. Y no solo eso, lo más importante, la acreditación quedará supeditada a la implementación de la ley. De modo que ya no serán cosas de “mujeres” como se nos decía, sino un mandato para la institución en su conjunto y una responsabilidad compartida por toda la comunidad de las IES.

En el caso de las universidades, hemos visto cómo previo a la ley se ha avanzado en esta materia con la creación de direcciones de género y diversidad o unidades especiales, que buscan hacerse cargo de estas materias y otras, como la realización de estudios para acortar brechas de género de todo tipo. Sin duda, es un tremendo logro para quienes llevamos años en estos espacios, como alumnas, funcionarias y académicas. Pero también somos conscientes que esta ley viene a sancionar conductas y prácticas que, por muchos años, se han normalizado y que, en ocasiones, son difíciles de identificar por su fuerte arraigo patriarcal.

Hoy, en nuestras instituciones, raramente encontraremos personas que en público nieguen el feminismo y los alcances de las conquistas de las disidencias sexuales en estos espacios. Pareciera que existe un consenso. Sin embargo, quienes trabajamos en estos temas recordamos numerosas historias, algunas de apariencia benigna, que aún hoy se pueden ver en espacios privados. Como aquella que hace poco recordábamos con una también académica y amiga de la Universidad de Concepción, ocurrida hacia fines de la década de 1990, cuando los colegas historiadores nos llamaron “las tocuyanas”. Ese mote hacía alusión a una “tela” burda que usaba el bajo pueblo durante la época colonial, para referirse a nuestro trabajo en materia de “género”.

Por experiencia, sabemos que en muchas ocasiones las colegas y estudiantes no denuncian y “dejan pasar” estas situaciones por temor a perder oportunidades laborales y académicas, por no ser las “conflictivas”, así como por eventuales consecuencias perjudiciales para las futuras carreras. Con los años, y en particular con el movimiento “Me too” y el mayo feminista de 2018, nos dimos cuenta que todas estas prácticas formaban parte de extendidas formas de acoso y descalificación hacia nuestro trabajo, de nuestras formas de liderar y de colaborar con nuestros pares. Afortunadamente, también hemos aprendido que esta forma de actuar han provocado que las nuevas generaciones enfrenten de manera más abierta estas prácticas, respondan y tengan mayor tendencia a no admitirlas, a diferencia de lo que hicimos en mi generación.

Es indudable que hemos avanzado en materia de equidad de género, no solo política y socialmente, sino también en términos legales e institucionales. Sin embargo, el nudo crítico -como decía Julieta Kirkwoord- está en el desafío que supone desmontar, corregir y sancionar prácticas, hábitos, expresiones, palabras y sesgos de género instaladas al interior de la academia, y que gracias al trabajo comprometido de miles de mujeres, organizaciones y redes feministas, como la Red investigadoras Feminista (RedI) o la Red de Historiadoras Feministas, se han podido visibilizar, corregir y denunciar. Aun queda mucho por hacer, no es tarea fácil, como tampoco podemos asegurar los avances, pero sin duda es un escenario muy diferente al de “las tocuyanas” que nos tocó vivir y otras muchas historias irreproducibles aquí.

Por Marcela Tapia y Adriana Bastías, Red de Investigadoras Feministas

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