Fue un anuncio que sorprendió. No solo porque no fue hecho en la cuenta pública que el mediodía del lunes entregó el Presidente José Antonio Kast -lo hizo en la tarde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desde Cerro Castillo-, sino también por el monto solicitado.

Se trató de la autorización de mayor endeudamiento público que pedirá el gobierno al Congreso por US$6.200 millones extra para 2026 y que según afirmó este martes el titular de Teatinos 120, ingresará este miércoles con suma urgencia por la Cámara de Diputados.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el Ejecutivo anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

Para clarificar por qué este monto, Quiroz detalló que “en el Informe de Finanzas Públicas mostramos que había una sobreestimación de ingreso y una subestimación de gasto, y por lo tanto teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB que excede el 1,5 que es con el que se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado. Esa diferencia, más el efecto del tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae son menos pesos, nos deja una necesidad de US$4.700 millones de dólares, que es un número que es fácil de calcular y el mercado lo tenía incorporado”.

Pero Quiroz añadió que “si nosotros solo pidiéramos ese monto, estaríamos postergando exigencias y pagos comprometidos con proveedores del Estado, muchos de ellos pymes, y que no están sincerados y son parte de las obligaciones y exigencias del Estado de Chile. Por lo tanto, hemos agregado a ese número, US$1.500 millones a los US$4.700 millones, que es un monto mínimo que estimamos de capital de trabajo para poder ir cumpliendo con esas obligaciones, principalmente pequeñas y medianas empresas a las cuales el Estado les debe dinero”.

Una de las consecuencias que traerá este mayor endeudamiento es que subirá la relación de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo a la proyección entregada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, se estimaba que la deuda pública iba a cerrar 2026 en 41,3% del PIB.

En cambio, ahora, según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

Además, implicaría traspasar ese límite prudencial ya en 2027. Todo esto, manteniendo el escenario de las proyecciones de PIB y tipo de cambio que entregó hace una semana Hacienda en el IFP.

Pese a esas proyecciones, Quiroz, dijo que “nosotros estamos trabajando en el decreto fiscal y esperamos ponernos el propósito de no sobrepasar eso. Va a tener que coincidirse con otras medidas, pero estamos con ese propósito”.

Un segundo efecto será el aumento en el pago que deberá hacer el fisco por los intereses que va generando esta deuda más alta.

Así, de acuerdo a cálculos de expertos, el mayor pago de intereses será de entre US$200 millones y US$300 millones, respecto de los cerca de US$4.700 millones que ya se tiene previsto.

Carolina Grünwald, subgerente de Estudios y economista jefa de Prudential AGF, afirma que “si consideramos las últimas emisiones y tomamos una tasa de 4%, da un costo en intereses de US$250 millones al año aproximadamente”.

Mientras que Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, lo calcula en unos US$200 millones año. “Se supone que el pago de mayores intereses se reflejaría de 2027 en adelante, lo cual dependerá del perfil de la deuda emitida, es decir la maduración de la deuda”.

Otro conocedor de temas fiscales apunta a un rango entre US$250 y US$300 millones al año suponiendo una tasa entre 4% y 5%, y que se emita toda la deuda solicitada.

Alza en tasas de mercado

Si bien el mercado tenías previsto que el gobierno debería solicitar más deuda, la magnitud sorprendió.

En eso hay coincidencia entre los expertos. Uno de ellos es el economista jefe de Banco Itaú, Andrés Pérez, quien señala que “el monto es elevado, por lo que su emisión en el plano local generaría aún más presión sobre las tasas largas. Convendría evaluar emitir una parte importante afuera, aunque ello revierta transitoriamente el proceso de pesificación de la deuda pública”.

El analista de Renta Fija en Renta 4, Rafael Mendoza, plantea que “la emisión de US$6.200 millones no estaba contemplada en el mercado. Al tratarse de un monto imprevisto, la reacción inicial teórica esperable es que genere una presión alcista sobre las tasas de endeudamiento locales”.

Misma visión entrega Samuel Carrasco, economista jefe Chile de Credicorp Capital, quien afirma que “el anuncio tendría un impacto negativo en el mercado, con alzas en la tasa de interés. El monto solicitado es mayor a lo esperado por el mercado”. De hecho, manifiesta que “tras el anuncio, las tasas de deuda soberana subieron cerca de 10 puntos base en promedio a lo largo de la curva”.

Y Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, dice que “una eventual reducción en la clasificación de riesgo puede traer consigo una mayor exigencia de retorno, es decir mayores tasas. Ahora, el solo hecho de aumentar la oferta de deuda, particularmente en moneda local, hará aumentar las tasas de interés”.

¿En riesgo la clasificación?

Una de las preguntas que comenzó a rondar entre los expertos que siguen los temas fiscales es si este peor escenario que mostró Hacienda para las finanzas públicas, incluida la mayor necesidad de endeudamiento, podría afectar la posición crediticia del país y su clasificación de riesgo.

Ante esa interrogante, la mayoría de los expertos consultados sostiene que por el momento no, pero que todo se definirá una vez que el gobierno publique el decreto de política fiscal donde debe delinear la trayectoria para llegar a balance fiscal estructural y si mantendrá o no el límite del 45% del PIB como techo para la deuda pública.

Para Pérez, “varias medidas que se han tomado demuestran mayor prudencia fiscal y apuntan a la pronta recuperación de las finanzas públicas. En esa línea, destacan el ajuste fiscal ya implementado, las mejoras en la gestión y cobranza, así como la decisión de reducir el impacto fiscal del alza pronunciada de los precios internacionales del petróleo”.

En cuanto al análisis de riesgo soberano, el experto sostiene que las clasificadoras “valoran la credibilidad de las instituciones. Venimos de años de incumplimientos, por lo que la senda que se proponga el 9 de junio debe ser desafiante, pero creíble”. Por ello, indica que “urge moderar el impacto deficitario del proyecto de reconstrucción nacional. Debe ser creíblemente neutral en lo fiscal a lo largo del horizonte de implementación”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, argumenta que “las clasificadoras de riesgo naturalmente van a estar viendo primero cuál va a ser el compromiso que va a asumir este gobierno en materia de ir convergiendo gradualmente hacia un equilibrio fiscal en los próximos años. El gobierno tiene todavía tiempo para dar cuenta de su plan y creo que eso va a ser bien clave para efectos de juzgar la nota crediticia de Chile”. En esa línea, considera que “por ahora no va a haber revisión, pero van a estar atentos a las decisiones que en este sentido vaya adoptando el gobierno”.

Para Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, lo clave también será la información que se entregue en el decreto fiscal. “Lo más relevante es lo que va a decir el gobierno con respecto al decreto fiscal, cuál es la manera en que se proyecta la trayectoria para ir reduciendo el déficit fiscal hacia fines de la década”.

Con todo, Carrasco advierte que “un deterioro más rápido de lo esperado de la deuda pública podría poner presión sobre la perspectiva y la clasificación crediticia del país”.