SEÑOR DIRECTOR:

Un grupo de parlamentarios de derecha presentó un “decálogo” para abordar la llamada la crisis migratoria del norte de Chile. Se trata de una propuesta basada en la criminalización de la movilidad humana, la persecución de lo/as empleadore/as, de expulsiones y en la discusión de la noción de “igualdad de condiciones”.

Para quienes trabajamos este tema y vivimos en zonas de alto tránsito como Iquique sabemos que se trata de un fenómeno complejo que no admite simplificaciones. De hacerlo corremos el riesgo de promover males mayores, como la xenofobia y el racismo, de lo que hemos sido testigos.

Una política migratoria y fronteriza debe ser bifronte, es decir, cautelar el control y la seguridad de quienes habitan el territorio y de quienes ingresan al país, y al mismo tiempo contener una política de inclusión e integración que considere a nacionales y recién llegados con una mirada de futuro. De modo que si queremos asegurar la democracia, la paz y la cohesión social, no podemos pensar el control sin la inclusión. Lo que hagamos hoy tendrá impacto en los niños, niñas, jóvenes y adultos que han llegado a nuestro país en precarias condiciones, buscando oportunidades y bienestar.

La insistente relación entre migración y delincuencia/inseguridad no colabora en este sentido, sino que tiene un afán electoral que busca oponer a unos (nacionales) y otros (extranjeros) en un juego peligroso para la convivencia social.

La migración es un fenómeno propio de la globalización y de nuestros tiempos. El desafío es pensar en políticas equilibradas y creativas con mirada de futuro, que pongan en el centro a las personas más allá de las membresías nacionales y, sobre todo, alejadas de intereses electorales.

Marcela Tapia Ladino

Académica del Instituto de Estudios Internacionales INTE-Unap

Miembro del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana