SEÑOR DIRECTOR:

Molestia e inquietud ha causado la importante alza en las tarifas de los peajes en las autopistas. Para 2023, el MOP ha anunciado que se reajustarán un 6,7% en enero y 6,7% en julio, totalizando un 13,4%.

Las autopistas registran ganancias de un 48% sobre ventas, resultados siete veces superior a empresas que cotizan en bolsa, y han reajustado sus tarifas en un 40% real (sobre IPC), los últimos 10 años (La Tercera). El jugoso negocio, tarifas abusivas, lucrativo negocio, titulan medios de prensa.

Durante la última década, hemos visto atrapamiento de buses/camiones por baja altura de túneles y puentes, ausencia de bermas (obligatorias) con riesgo para personas, radios de giro insuficientes, segregación inadecuada y débil integración con calles locales generando congestión; algunos de los variados temas técnicos pendientes. Una autopista ocupa desde 60 a 40 metros de ancho afectando la convivencia de personas, fragmenta ecosistemas, segrega a personas, flora y fauna, efectos en las aguas, aire, ruido y vibraciones.

En cuanto a reputación, en las evaluaciones anuales, son las peores evaluadas ubicándose en la parte más baja del ranking (Ipsos/Reputation Institute).

Si bien la reputación es un bien deseado por las empresas, existen casos donde los usuarios están atrapados sin alternativas y más aún, con los escasos recursos financieros que disponen, no pueden ejercer cambio alguno en monopolios creados por el Estado y que dispone de muchos recursos.

Las tarifas de las autopistas cubren la inversión (fierro y cemento), su operación, recuperación de la inversión y sus notables ganancias. No pagamos ni un peso por congestión, contaminación, mortalidad, mal uso del espacio público y otros efectos negativos de la dupla carreteras-vehículos motorizados.

Pareciera adecuado, sin abandonar la responsabilidad social empresarial de cada actor, que el Estado profundice el debido ejercicio de diseño y control, de rentabilidades razonables, de resguardar los efectos en las personas y el medioambiente. Que las autoridades se hagan cargo de la reputación del Estado, del bien común y no solo de acompañar negocios específicos.

Jorge Inostroza Sánchez

Ingeniero y expresidente Grupo EFE

Ariel López

Ingeniero en Transporte