Pobre institucionalidad tributaria

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La semana pasada, Icare organizó un buen panel de institucionalidad para el desarrollo. Citando a Douglass North, Klaus Schmidt-Hebbel señaló que el rol de las instituciones es reducir incertidumbre y generar incentivos para producir eficientemente. Para ello deben evolucionar de forma gradual.

La institucionalidad tributaria es relevante, porque define cómo se reparte la carga de financiamiento del Estado entre los ciudadanos. Y como el Estado no puede impedir que uno acceda a bienes públicos, lo "óptimo", individualmente, es no pagar o "que pague Moya".

Con estas ideas analicemos la política tributaria del gobierno. El desafío, en el que concordábamos las candidaturas en 2017, era simplificar la reforma e introducir incentivos a la inversión.

El gobierno dice que hará una modernización por eso de la boleta electrónica y la tributación a servicios digitales. Son medidas razonables. Pero se parece más a una contrarreforma: vuelve al sistema integrado y baja la carga tributaria a empresas.

En lo personal, soy agnóstico respecto de la integración. Tiene cosas interesantes -como la equidad horizontal- y otras que no me gustan -como el espacio que abre a la elusión vía postergación de impuestos. La baja de la carga tributaria a empresas es un debate legítimo en su propio mérito que hay que zanjar, puesto que las empresas requieren estabilidad para invertir a largo plazo. Ante la incertidumbre, postergan decisiones.

La reforma de 2014 tuvo problemas, pero tenía un mérito: los estudios que la antecedieron, como el del CEP-Cieplan sobre "Tributación para el desarrollo", que permitieron acotar el ámbito de la discusión. Si hubo dificultades, éstas se dieron durante la tramitación parlamentaria. El problema es que lo mismo pasará ahora, pero sin los estudios.

Falta diagnóstico. Se dice que la reforma anterior no cumplió la estimación de recaudación. Sin embargo, sin entrar todavía en régimen, el impuesto a la renta creció 13,6% real en la operación renta 2018. ¿Cómo estar seguros del efecto de la reforma de 2014 sobre la recaudación? ¿Cómo saber si el modelo propuesto justifica otra vez pagar costos (abogados, auditores, sistemas), cuando su efecto sobre inversión es débil? ¿Es razonable proponer depreciación instantánea -que es un subsidio al capital respecto del trabajo- cuando la robotización amenaza empleos?

Las instituciones deben generar estabilidad y reducir incertidumbre. Esta reforma incrementa la incertidumbre y afecta negativamente la inversión de largo plazo. En el corto plazo, la depreciación instantánea puede compensar, pero se aplica solo dos años, hasta las elecciones. ¿Y después qué?

Es mal precedente usar estímulos tributarios por razones electorales. El problema de productividad de Chile es más serio que eso.

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