Hoy se presenta el libro “Crisis carcelaria y de seguridad”, publicado por Ediciones UC. Desde el Programa de Reformas a la Justicia de la UC, que integro junto a Valentina Avendaño, convocamos a Ana María Stuven, Pablo Zeballos, Agustín Walker y Alejandro Arévalo a reflexionar sobre el colapso penitenciario que vive el país y a proponer políticas que permitan un cambio profundo en el sistema, cuyos objetivos esenciales —custodia, orden y reinserción— están hoy severamente incumplidos.

Las cárceles chilenas son escenario de una crisis final. Con una capacidad para 42 mil internos, hoy albergan más de 62 mil, lo que genera un hacinamiento incompatible con la dignidad humana, dificulta el control y anula los procesos de reinserción social. A ello se suma un dato alarmante: más de 22 mil personas (35% del total) están en prisión preventiva, muchas de las cuales luego resultan inocentes, en evidente contradicción con la presunción de inocencia que debe garantizar el sistema procesal penal.

La situación se agrava con la expansión del crimen organizado, instalado en el interior de los penales. Las cárceles se han transformado en centros de operación y adiestramiento delictual, extendiendo redes de corrupción al personal penitenciario. Todo ello ocurre en un contexto de desorden legislativo, simplismo punitivo y ausencia de políticas coherentes de seguridad pública, que ha marginado al mundo penitenciario del debate y de las prioridades presupuestarias. La consigna “que se pudran en la cárcel” parece haber sustituido la reflexión sobre cómo rehabilitar a los condenados o impedir que sigan delinquiendo al egreso.

El libro busca abrir un debate serio y técnico sobre la política penitenciaria, orientado a fortalecer la custodia efectiva de los presos más peligrosos y la reinserción de quienes pueden retomar una vida libre de delito. Ello no se logra solo aumentando penas —lo que agrava el hacinamiento—, sino endureciendo el régimen penitenciario, segmentando los recintos según el nivel de riesgo, con espacios más flexibles y educativos para los primerizos o de baja peligrosidad, evitando que el sistema actual siga siendo una escuela del crimen. Complementa lo anterior la incorporación de mecanismos alternativos a la reclusión, tanto para condenados sin riesgo delictivo o para algunos imputados, como las exitosas tobilleras electrónicas en arresto domiciliario que, de paso, reducen la sobrepoblación.

La lucha contra el crimen organizado exige dotar de inteligencia y conexión real con las policías. Para ello cabe transformar Gendarmería en una policía penitenciaria bajo el Ministerio de Seguridad, creando en Justicia un servicio especializado en reinserción.

La reincidencia supera hoy el 50% de quienes egresan de prisión. Reducir esa cifra es posible si se asumen cambios estructurales, organizativos y de gestión, en coordinación con los actores del sistema penal. Tomarse en serio este ámbito es una urgencia: si el Estado no recupera el control de sus cárceles, las cárceles terminarán controlando al Estado.

Por Hernán Larraín, abogado y profesor universitario