SEÑOR DIRECTOR:
Este 11 de marzo se cumplió el primer aniversario del gobierno del Presidente Gabriel Boric, cuyo programa contempla una agenda transversal referente a los DD.HH. de las personas LGBTQ+. Sin embargo, transcurrido un año desde el inicio del mandato, nos preocupa el poco avance que hemos visto en la concreción de esos compromisos.
En ese sentido, nos interesa que se avance en la ley antidiscriminación, particularmente en la creación de una institucionalidad robusta que proteja a todos los grupos históricamente discriminados y que, además, se constituya en una coordinación interministerial. Esta idea se sustenta en que la discriminación es estructural, por lo que las soluciones deberían tratarse de manera integral y no fragmentada como se ha hecho hasta ahora. Cabe recordar que el derecho a la igualdad y no discriminación ha sido un avance civilizatorio y esencial que está contemplado en todos los tratados internacionales de DD.HH.
El fin de la discriminación supone que el Estado sea el primero que debe dejar de discriminar y eso solo es posible mediante voluntad y decisiones políticas que contemplen institucionalidad, presupuesto y todo aquello que sea necesario para que los cambios se materialicen.
María José Cumplido
Directora ejecutiva Fundación Iguales
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