En Chile, solo durante una parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet existió una mayoría parlamentaria; ha sido la única excepción en décadas. Desde entonces, la fragmentación política, el multipartidismo y la fragilidad de las coaliciones no solo se han consolidado, sino que se han agudizado, instalando una nueva normalidad: la de gobernar en minoría permanente. En la práctica, esto significa que ningún gobierno puede dar por asegurado el respaldo a su programa; cada proyecto se negocia caso a caso y, más que trazar un rumbo de largo plazo, lo que predomina es administrar la incertidumbre.

La discusión del presupuesto lo refleja con crudeza: lejos de ser una hoja de ruta compartida para el desarrollo, se convierte en un campo de batalla donde se miden fuerzas, se bloquean avances y se levantan banderas simbólicas. A ello se suman tensiones propias de cada sector: en el oficialismo, las fricciones entre el Frente Amplio el PC y el Socialismo Democrático han evidenciado lo difícil que resulta ordenar a la coalición antes incluso de dialogar con los adversarios. En la oposición, las derechas tampoco están exentas de contradicciones, lo que confirma que las dificultades para construir mayorías son hoy una constante en todo el arco político.

Gobernar así tiene implicancias profundas. En lo institucional, se instala una gobernabilidad frágil, porque cada reforma depende de pactos circunstanciales que pueden derrumbarse con rapidez. En lo político, se alimenta el cortoplacismo: las decisiones se reducen al mínimo común denominador, lo suficiente para sobrevivir, pero sin horizonte transformador. Y en lo social, se proyecta la sensación de estancamiento, de que nada cambia o que todo se traba en disputas interminables.

La pregunta de fondo es si acaso este modo de gobernar —fragmentado, negociado, precario— puede sostener proyectos viables. ¿Cómo se construye una mayoría estable en un sistema tan atomizado? ¿Qué significa la responsabilidad opositora cuando el oficialismo nunca tiene los votos suficientes por sí mismo? ¿Hasta qué punto se puede transformar la política pública si la regla es transar todo para asegurar que salga una ley?

Quizás ha llegado el momento de asumir que la “minoría permanente” no es un accidente de la coyuntura, sino la condición estructural de nuestra democracia. Una reforma al sistema político podría quizas abrir caminos para recomponer mayorías y dar estabilidad, pero no resolverá, por sí sola, la lógica de incentivos que hoy empuja a todos los actores —oficialistas y opositores— a privilegiar el aquí y el ahora. Gobernar, en definitiva, será siempre el arte de persuadir y negociar; la diferencia está en si lo hacemos con un horizonte de país o con la vista puesta únicamente en la próxima votación.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos, Feedback.